Para un habitante de una isla no capitalina, como el que suscribe, resulta apasionante escuchar los argumentos que se manejan tanto en Gran Canaria como en Tenerife para defender la necesidad de que el Estado español descentralice instituciones. No puedo estar más de acuerdo con sus razones: la necesidad de que se reparta la actividad y la riqueza; que se acometa el reparto territorial del acceso al conocimiento y el impulso científico.
Justo esas mismas razones son las que venimos defendiendo las islas no capitalinas de Canarias, para revertir el proceso de centralización que protagonizaron dos grandes islas del Archipiélago, olvidándose del resto de los canarios y de los restantes territorios insulares.
Hace solo algunos años, descentralizar suponía aumentar los costos de funcionamiento de las administraciones públicas. Nuestro país tenía una mala conectividad y un deficiente sistema de comunicaciones. Pero ya no es el caso. La era digital y de internet ha derribado las distancias y las fronteras de tal forma que ya es posible trabajar de forma no presencial, como bien saben quienes han elegido estas islas como lugar en el que vivir mientras prestan sus servicios a empresas cuya sede está situada a miles de kilómetros de distancia.
Lamento, como canario, que las dos grandes islas no hayan logrado que se estimara su candidatura a la Agencia sobre Inteligencia Artificial y la Agencia Espacial. Habría sido bueno para Canarias en su conjunto. Pero también cabría preguntarse si no sería más conveniente para nuestra Comunidad que futuras sedes de nuevos institutos u organismos se sitúen en las islas no capitalinas, huérfanas de presencia institucional y necesitadas de actuaciones que potencien el conocimiento, la investigación y el desarrollo alternativo a la actividad económica vinculada, preferentemente, al turismo.
¿Por qué las dos capitales que ya acumulan todo el poder institucional, los grandes centros educativos y las mayores infraestructuras públicas, siguen intentando concentrar más y más poder y relevancia? ¿Por qué no ha calado el mensaje de la necesidad de redistribuir en el resto de las islas esos vectores de desarrollo que tanta falta les hacen a los territorios insulares, tradicionalmente marginados como sedes institucionales?
La Palma es la sede del Diputado del Común, que es un órgano relevante de la Comunidad Autónoma canaria. Y probablemente sea la futura sede de una Agencia Vulcanológica. Me pregunto por qué nuestros gobiernos no son capaces de defender, con transparencia y con valentía que La Gomera, El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura sean las islas en las que se debe pensar a la hora de proponer sedes de nuevas instituciones del Estado o de Canarias.
El Parlamento de Canarias está estudiando en estos momentos el grave problema de la demografía desbocada y la desigual distribución poblacional de nuestras islas. La única manera de corregir los notorios desequilibrios que padecemos pasa por discriminar a favor de los territorios menos desarrollados, que son las Islas Occidentales. Islas que no quieren sumarse, tarde y mal, al turismo de masas, depredador del medio ambiente, y que apuestan por otros modelos en los que Canarias tiene todo por hacer, como el desarrollo de proyectos en el área de las energías renovables, la investigación y la industria cinematográfica o la aeroespacial y aeronáutica, que son fundamentales para el futuro de nuestra economía.
Seguir concentrando poder institucional en las dos grandes áreas metropolitanas no es otra cosa que persistir en el error y aumentar aún más la brecha entre dos Canarias muy diferentes entre sí. Si el Gobierno de España ha decidido descentralizar institutos, agencias y organismos por toda la geografía nacional, para intentar corregir los efectos perversos de la despoblación y la concentración, no tiene ningún sentido que Canarias pida para sí misma lo que es incapaz de darle a sus propias islas.
