No soy de los que piensan que aprobando más y más leyes se arregla todo. Es más, creo que hay un exceso de legislación y que deberíamos simplificar mucho más la vida de los ciudadanos y las empresas. Pero hay normas tan esenciales que no cabe otra que impulsarlas. Esta semana, el Parlamento de Canarias ha sacado adelante una ley para luchar contra el cambio climático en las islas y la figura de la renta ciudadana. Dos proyectos que, por sí solos, justificarían el trabajo del actual gobierno.
Las evidencias de que el ser humano está impactando en el medio ambiente son abrumadoras. No solo porque lo afirme la práctica totalidad de la comunidad científica, sino porque lo percibimos nosotros en el día a día. Nuestras islas ya no son las que vivieron nuestros abuelos. Y ni siquiera son las islas de nuestra infancia. La actividad del ser humano debe ser controlada y tabulada para conseguir el máximo beneficio para la comunidad y el menor impacto en la naturaleza.
La norma que se ha aprobado pretende impulsar el proceso de reconversión de la economía y la vida de Canarias hacia un nuevo horizonte donde se consuman energías limpias y se disminuyan las emisiones contaminantes y las afecciones al medio natural. Debemos encontrar el punto de equilibrio entre nuestras necesidades y nuestras responsabilidades. Eso que se llama “crecimiento sostenible” debe estar en el ADN de todos los que tienen alguna responsabilidad pública o privada. No se trata de lastrar o impedir nuestro desarrollo —yo al menos no lo veo así— sino de someterlo a determinadas reglas esenciales que garantizan la integridad del bellísimo espacio natural en el que tenemos la suerte de vivir.
Junto a esta norma, el Gobierno de Canarias ha llevado a buen término uno de los proyectos que firmamos los cuatro partidos del actual pacto. La Renta Ciudadana es una nueva herramienta con la que la administración pública pretende responder más rápida y eficazmente a las personas más vulnerables que necesiten una ayuda. La burocracia y la enorme complejidad de los procedimientos administrativos ha convertido muchas ayudas, como el Ingreso Mínimo Vital o la Prestación Canaria de Inserción, en una verdadera tortura para quienes están a cargo de sacar adelante cada expediente individualizado. Soy testigo de cómo un pequeño detalle formal puede acabar impidiendo conceder unos cientos de euros a una familia que los necesita desesperadamente. Con la Renta de Ciudadanía vamos a conseguir no solo una tramitación más rápida y eficiente de esas ayudas, sino que la haremos compatible con otras prestaciones que reciban las unidades familiares que están subsistiendo con rentas de pobreza insoportable.
Es verdad, como dicen algunos, que la única manera de luchar contra la pobreza es creando riqueza. Y que las ayudas públicas no dejan de ser actuaciones paliativas. Pero evitar el sufrimiento también es una responsabilidad social. Las sucesivas crisis que hemos vivido y el desigual reparto de la riqueza en Canarias ha creado una enorme bolsa de pobreza en nuestra tierra. Trescientas sesenta mil personas se encuentran asomadas al borde de la necesidad. Esto hay que cambiarlo, a largo plazo, acabando con el precariado laboral e impidiendo que esta región tenga los peores salarios de España. Pero en tanto podemos torcer el brazo de esa persistente y dolorosa realidad, debemos garantizar la subsistencia y el bienestar de todas las familias que lo necesiten.
El esfuerzo que ha realizado el Gobierno en los presupuestos para 2023, los mayores en la historia de Canarias, se dirige precisamente en esa dirección. Reforzar los servicios públicos esenciales, como la Sanidad y la Educación y elevar la capacidad de protección de los Derechos Sociales. Y todo eso, con una clara voluntad de discriminar positivamente la actuación de lo público en las cinco islas “no capitalinas”.
Queda camino por andar, pero ya hemos puesto los cimientos para lograr una Canarias más igualitaria.
