Dicen que algunos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Cuando escucho hablar a algunos políticos de nuestras islas del intolerable nivel de los precios en Canarias me invade una enorme frustración. Porque es ahora cuando importa un problema que viene afectando desde hace muchos años a los habitantes de las tres islas occidentales, que ha sido denunciado hasta la saciedad y al que nadie ha hecho caso. Es ahora, que afecta a las islas más pobladas, cuando la gente se lleva las manos a la cabeza y pone el grito en el cielo.
Nuestras islas padecen unos costos estructurales derivados de su lejanía del continente y su fragmentación territorial. Durante décadas se solucionaron concediéndonos libertades comerciales y exenciones fiscales. Pero en un momento dado se nos ofreció la integración en la Europa común, lo que significaba, para los canarios, renunciar a una serie de tradiciones fiscales y ventajas comerciales, acercando nuestro modelo económico al de España y resto de países de la Unión Europea. Para compensarnos por tomar esa decisión se firmó un pacto con las islas que suponía la concesión de ayudas y políticas especiales que promovieran el desarrollo y el bienestar y amortiguaran el impacto de la integración.
Han pasado los años y se han sucedido otros asuntos, como la consideración del archipiélago dentro de las regiones ultraperiféricas de la UE, pero ese pacto ha ido disminuyendo el flujo de recursos que en su día se destinaron a las islas. Y lo que es peor, las políticas especiales del Estado, concebidas para compensar los costos de la insularidad e igualar la vida de los canarios con la del resto de los conciudadanos continentales, se han transformado en una batalla permanente para impedir su recorte o su extinción. Porque subyace la errónea idea, en muchos altos cargos de la Administración Central, de que se trata de privilegios indebidos.
Quien haya vivido en una Isla Verde sabe perfectamente lo que son los sobrecostes que se padecen cotidianamente, desde los combustibles a la cesta de la compra. Y conoce lo que ha costado conseguir mejorar la conectividad de islas que estaban pésimamente comunicadas. Viajar desde La Gomera a Madrid sigue siendo una odisea en tiempo y en precio, a pesar de las subvenciones al transporte: Y en algunas fechas es simplemente imposible.
El efecto del alza de los precios del transporte en un Archipiélago que se abastece de mercancías por vía aérea y marítima termina repercutiendo para mal en el presupuesto de decenas de miles de familias. La inflación ha producido un empobrecimiento general de nuestra sociedad y ello cuando apenas estamos saliendo de una enorme crisis donde solo la actuación decidida de los poderes públicos impidió la destrucción del tejido empresarial y del empleo en nuestras islas.
Se han adoptado importantes medidas, en materia de transporte público o de bonificaciones fiscales, que son positivas. Pero siendo ayudas necesarias, creo que son insuficientes. Si la situación inflacionaria persiste y se produce un enfriamiento de nuestro mayor sector productivo, que es el turismo, un asunto que no es imposible ni mucho menos, el Gobierno de España debe considerar muy seriamente la elaboración de un programa de actuaciones urgentes en materia fiscal y económica para Canarias.
A pesar del esfuerzo presupuestario que ha realizado el Gobierno regional para este año, necesitamos la comprensión y la sensibilidad del Estado con uno de sus territorios más vulnerables. No solo por la obligación imperativa de atender a quienes más lo necesitan sino en virtud de aquel pacto que firmamos hace mucho tiempo por razones sociales y políticas. Un pacto que concierne a Europa y al Estado español y que, en cierta medida, se ha ido recortando y olvidando. Y que en el caso de ciudadanos de islas como La Palma, El Hierro y La Gomera, aún está por cumplirse.
