La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha destacado hoy, durante la celebración de la sesión plenaria extraordinaria en el Parlamento regional, que con el decreto ley que permite el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción queda acreditada “la extraordinaria y urgente necesidad de esta norma, con la que se pretende evitar situaciones de mayor necesidad social”.
Mendoza señaló que “el objeto que se persigue con este decreto ley es que, dada la situación actual provocada por la crisis social y económica derivada de la guerra de Ucrania y la inflación que ha supuesto un incremento de los precios de los productos básicos, tratar de compensar este encarecimiento y reforzar nuevamente la protección social en aquellos hogares más vulnerables con la aprobación de una prestación extraordinaria de 250 euros”.
“Precisamente, en este contexto se hace necesario que el Gobierno de Canarias dé respuesta a las necesidades sociales de las personas con mayores dificultades económicas, que tienen que hacer frente a los gastos sobrevenidos por la inflación, unidos a los mayores gastos elementales de subsistencia, como son la alimentación, el alojamiento, la higiene o el cuidado de personas mayores, de personas con discapacidad o de menores de edad en un mismo espacio habitacional o los derivados del mantenimiento de los suministros básicos de los hogares, entre otros”, apuntó.
La diputada por la isla de La Gomera recalcó que “en este esfuerzo que realiza el Gobierno de Canarias por poner medidas necesarias para las familias que más lo necesitan, se impulsa este decreto ley, que supone, según datos del mes de noviembre de 2022, llegar con este complemento a más de 11.400 familias beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, de las cuales, más de 4.500, según datos del mes de septiembre, tienen, además, menores a cargo”, explicó.
Añadió que este suplemento de la prestación que se percibe en concepto de PCI sirve para ampliar de manera extraordinaria y excepcional, de forma no consolidable, la cobertura de las prestaciones sociales que ya vienen percibiendo en la actualidad las unidades de convivencia residentes en Canarias y, en particular, a las que se refiere el artículo 21.3 letra a) de la Ley de Servicios Sociales de Canarias. Por último, apuntó que el decreto, que despliega sus efectos jurídicos desde el pasado 22 de diciembre, ya ha beneficiado a numerosas familias canarias.