El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy una convocatoria de empleo público que supera las 27.000 plazas. Se trata de un proceso histórico por el elevado número de puestos que se ofertan para trabajar en la Administración General del Estado (AGE), los cuales corresponden a las ofertas de empleo público de 2020, 2021 y 2022. Una apuesta por el empleo público que además incorpora los cambios en los procesos selectivos impulsados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública para que estos sean más igualitarios y accesibles.
El número de plazas convocadas que se pone a disposición de los interesados asciende a 27.509. De estas, 13.157 corresponden al Cuerpo General Administrativo; otras 6.474 se concentran en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado; y otras 4.086 para el Cuerpo General Auxiliar.
El ámbito de la tecnología también está presente en la oferta, al incluirse en la misma 2.352 para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la AGE y otras 1.440 para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración. De todas ellas, 2.088 se reservan para el cupo de personas con discapacidad, un 7,6% del total que
evidencia el compromiso con las personas con diversidad funcional y la apuesta por su integración laboral.
Modernización de las pruebas
Las convocatorias se dividen en 12 procesos selectivos a través de los que se podrá acceder a los Subgrupos A2, C1 y C2. En estas se pondrán en marcha los cambios en las pruebas, diseñados por la Secretaría de Estado de Función Pública, con los que el Ministerio liderado por María Jesús Montero impulsará la actualización del modelo de acceso al empleo público en todas sus fases. El objetivo es atraer talento a las administraciones para así garantizar a la ciudadanía el buen funcionamiento de los servicios
públicos.
Este modelo tiene en cuenta las orientaciones estratégicas y proyectos incluidos en el documento ‘Orientaciones para el Cambio en materia de selección’, al objeto de agilizar los procesos selectivos y promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Además, recoge los avances incorporados en el Real Decreto de 407/2022, de 24
de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2022, que contiene medidas explicitas para agilizar los procesos selectivos.
A esto se suma el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre los criterios generales que deben regir la selección del personal a través de los procesos de promoción interna. Todo con el fin de lograr unos procesos marcados por la igualdad de oportunidades, la transparencia y la búsqueda de la excelencia del
servicio que se ofrece a la ciudadanía. Esto se completa con la celeridad del desarrollo de las pruebas, el reconocimiento al mérito y la capacidad, además de la publicidad de todo lo referido a la convocatoria.
Para continuar con la política de descentralización de los procesos selectivos, las pruebas apostarán por la proximidad a los aspirantes. Entre las medidas que siguen esta filosofía estará que los ejercicios que incluyan una lectura pública ante un tribunal ahora serán corregidos de forma anónima a través de una plataforma web. Lo que evitará los desplazamientos de los candidatos a un puesto en la Administración.
Empleo público de calidad
La puesta en marcha de una oferta de empleo público tan amplia e histórica por el número de plazas ofertadas evidencia el compromiso del Gobierno con el empleo público de calidad, estable, flexible e innovador. Unas políticas que responden al interés de la Administración General del Estado en recuperar los niveles de empleo público perdidos en años anteriores, poner fin a la falta de efectivos suficientes para ofertas el servicio público
o dar pasos hacia el rejuvenecimiento de las plantillas .
El objetivo de llevar a cabo una gestión pública de calidad requiere una dotación de personal suficiente y adecuada que ayude a cubrir las necesidades reales de los servicios públicos. Para ello, es necesario contar con personas cualificadas, motivadas y comprometidas con la vocación de servicio público.
Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, esto ha sido una política estructural, al haber aprobado ofertas de empleo de estabilización de más de 415.000 plazas en colaboración con todas las administraciones públicas.
Este refuerzo del empleo público ha permitido a España cumplir los compromisos adquiridos en este ámbito en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
