El concejal del Ayuntamiento de La Laguna y denunciante del caso Reparos Santiago Pérez ha anunciado que recurrirá en súplica el archivo de las actuaciones respecto al secretario general de CC y senador Fernando Clavijo, dictado por el Tribunal Supremo, que considera “sencillamente incomprensible” porque, insiste, afecta a una actuación municipal “extremadamente grave”.
Santiago Pérez ha divulgado este jueves sus reflexiones acerca del archivo del llamado caso Reparos en un comunicado difundido por Avante La Laguna, formación con la que concurrió a las elecciones antes de retornar al PSOE, en una nota que firma como “concejal de La Laguna y senador socialista por la Comunidad Autónoma”.
Pérez indica que con la lectura del auto dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, en relación con el caso Reparos, se ha incrementado su desconfianza hacia el modo de actuar de algunos jueces y magistrados de la cúpula de la estructura judicial, que “a veces parece que extreman las garantías de los justiciables de una parte del espectro social y político”.
Todo esto refuerza su convicción de que la existencia de los aforamientos “es una degradación del orden constitucional y una derogación efectiva” de principios constitucionales tan primordiales como el de la igualdad ante la Ley, pues permite a la persona investigada elegir el tribunal que le va a investigar y que le va a juzgar “y eligen altos tribunales, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y no los jueces que integran la justicia ordinaria”.
“Es un escándalo y una derogación de principios constitucionales primordiales que cargos públicos de todo el país que están siendo investigados por actuaciones indiciariamente delictivas en el ejercicio de su cargo como alcaldes se aforen, se conviertan en senadores o diputados, para elegir el tribunal que les va a investigar y que les va a juzgar”, añade Santiago Pérez.
Una decisión que le produce “desazón y desconfianza”
Afirma que resoluciones como la acordada por el Supremo en este asunto le producen “desazón y desconfianza”, al tiempo que sostiene que la instrucción del caso Reparos fue remitida al Tribunal Supremo con una memoria “muy argumentada” de la jueza de instrucción y con un escrito de más de cien folios de la Fiscalía Anticorrupción.
Al respecto, recuerda que la Fiscalía Anticorrupción ha llevado la dirección de esta investigación desde que en 2019 Santiago Pérez solicitó que interviniera “ante la inhibición de la Fiscalía ordinaria” durante año y medio a la hora de impulsar las diligencias judiciales para investigar este asunto.
El caso Reparos “es de una extraordinaria gravedad” y ha consistido básicamente en que en La Laguna “se derogaron de facto las leyes relativas a la contratación del sector público y se creó, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción, un mercado protegido”, continúa el senador socialista.
A su juicio, “cerraron el mercado y colocaron dentro en régimen de monopolio a determinadas empresas, de manera que se impidió durante años el derecho de igualdad y libre competencia en la contratación a las demás empresas y ciudadanos” y a la administración de La Laguna seleccionar la mejor oferta en términos de calidad y precio, que es la razón de ser de la legislación de contratos del sector público.
Reitera Santiago Pérez su impresión de que el caso Reparos “es un caso sistémico tan grave como jurídicamente sencillo” y la Sala Segunda del Tribunal Supremo “lo ha despachado sin miramientos, generando la sensación de que en España hay dos códigos penales distintos: uno que aplica la justicia ordinaria a la ciudadanía y otro que aplican altos órganos judiciales a los aforados”.
Insiste en su sensación “de injusticia y de arbitrariedad a la hora de aplicar unas leyes que deben aplicarse en términos de igualdad para todos” y comenta que en el caso Reparos la propia Fiscalía Anticorrupción habla “de cientos de decretos aprobados por Fernando Clavijo desoyendo las advertencias de ilegalidad” constantes de la Intervención General del Ayuntamiento.
Cientos de decretos, algunos de ellos “comprometiendo al margen de la Ley y pagando cantidades millonarias”, y la pregunta evidente es: “¿a cambio de qué? porque cuando a una empresa se le permite de forma discrecional y al margen de la legalidad continuar con una línea de negocio, la pregunta surge siempre”, concluye el actual edil de Urbanismo de La Laguna.
