El Cabildo de La Gomera ha aprobado el proyecto para la estabilización de taludes y medidas de seguridad en el acceso a Puntallana. De esta forma, y tras el acuerdo de la mesa de trabajo integrada por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, el Obispado y la Institución insular, se impulsa la puesta a punto de esta vía a partir del saneamiento de la ladera y el establecimiento de medidas de seguridad que garanticen el tránsito.

Durante este tiempo se ha redactado el proyecto que ahora se aprueba, cuyos trabajos preliminares han consistido en el estudio del talud, mediante vuelos con drones, que han sido determinantes para el diagnóstico inicial y poder fijar una hoja de ruta para los trabajos. Así, se ha creado un modelo digital del terreno en el que se han detectado las partes inestables en las que priorizar la actuación, tal y como explicó el presidente, Casimiro Curbelo.

En este sentido, aclaró que aunque la vía no es titularidad del Cabildo, “el que sea el único acceso rodado a Puntallana, con lo que este entorno representa para la isla, nos ha llevado a adquirir un compromiso con el resto de agentes implicados para disponer de los 160 mil euros necesarios que faciliten su reapertura”, subrayó.

Curbelo detalló que, una vez adjudicada la obra, se procederá al saneamiento de las franjas inestables y su retirada, para la posterior reposición de los elementos de seguridad afectados por los desprendimientos. “Confíamos en que la ejecución se haga en un plazo corto de tiempo para que acceder a Puntallana sea posible cuanto antes”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, recordó que estos avances ya se habían anunciado coincidiendo con la presentación del cartel de las Fiestas Lustrales y, ahora, “se cumple con la palabra dada a los ciudadanos para que podamos recuperar la accesibilidad a Puntallana, en una fechas en las que el número de personas que se acercan hasta allí aumenta con la mirada puesta en la Bajada Lustral”.

Agradeció la predisposición del Cabildo insular y la coordinación con el Obispado para dar “una respuesta real y garantista” ante un problema de seguridad “en el que no se podía actuar con mayor premura, sin los estudios previos realizados”, aclaró.