Sería absurdo que un corredor de relevos, al recoger el testigo que le pasan, retrocediera y volviera sobre los pasos de su compañero, alegando que ha sido demasiado lento o que ha corrido defectuosamente. Los gobiernos, de alguna manera, también se van pasando la responsabilidad de las cosas. Las que se han hecho bien y también las que han quedado pendientes. A veces los partidos políticos se suceden a sí mismos, cuando las urnas así lo determinan. Otras veces les toca a otros. Y es cuando pasa esto último, que resulta importante que los nuevos gobernantes sepan no partir de cero y aprovechar lo que se ha construido.
En los cuatro años del anterior pacto progresista de Canarias ocurrieron cosas que explican que muchos proyectos y objetivos, no pudieran culminarse. Pero también se lograron enormes avances. Y si algo bueno tiene este nuevo pacto de Gobierno es que sus responsables son conscientes de que hay logros sobre los que se puede impulsar un nuevo bienestar.
Uno de los retos a los que nos enfrentamos los próximos cuatro años es la necesidad de poner en el mercado la mayor cantidad de nuevas viviendas para atender a miles de familias que llevan muchos años esperando por un techo digno. El Plan Extraordinario de Vivienda mejorado e impulsado en la anterior legislatura se va a acometer con la máxima determinación para que se haga realidad en muy corto espacio de tiempo.
Y si la oferta de vivienda pública es urgente e inaplazable, otro de los retos que afrontamos es la mejora de la Sanidad. Los próximos años van a ser, por imperativo de Madrid y de Bruselas, los del regreso a la disciplina fiscal. ¿Y eso qué significa? Pues que habrá que contener el déficit público, porque estaremos obligados por ley.
Durante los pasados años aumentaron las listas de espera de consultas o cirugía y se multiplicaron los problemas en la Asistencia Primaria: las secuelas de la pandemia. Pero no fue, de ninguna manera, porque el anterior Gobierno no aumentara tanto el personal como el gasto público asociado a la prestación de este servicio esencial. El problema no parecer estar, entonces, en el esfuerzo presupuestario que se hace sino en la necesidad de organizar las prestaciones de mejor manera y de pedir a los que, en definitiva, son los responsables de todo lo bueno y lo malo de la Sanidad pública —su personal— su compromiso para mejorar los estándares del servicio.
Estos dos retos son, por sí solos, una tarea de enorme importancia. Pero es que además hay otro problema, no menor, que también ha de enfrentar el gobierno que apoya, entre otros partidos, Agrupación Socialista Gomera. Se trata de mejorar la gestión de la Dependencia, acelerar la ejecución del Plan Sociosanitario, que debe crear nuevas plazas para la atención de mayores y dependientes y poner en marcha la Renta Ciudadana Canaria.
Arreglar la dependencia, el área de gestión donde en mayor medida no conseguimos nuestros objetivos en el anterior pacto, implica dotar de más personal, más medios y más presupuesto a los nuevos responsables. Parte de las obras del Plan Sociosanitario ya están en marcha y se trata de rematar el trabajo ya iniciado e impulsar la ejecución de nuevos proyectos. Y en el caso de la Renta Ciudadana se trata de complementar los ingresos de las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y ahí nos enfrentamos a la necesidad de arreglar con el Gobierno central una situación inaceptable: en nuestra Comunidad se rechazaron ocho de cada diez peticiones del IMV, algo que no se explica en un territorio que se sitúa a la cabeza, muy por encima de la media del Estado, en materia de pobreza y de exclusión social.
Por último, también este pacto se enfrenta a un hecho sobrevenido. El repunte en la inmigración irregular hacia las islas ha disparado otra vez todas las alarmas. Ninguna de las muchas iniciativas de España y de Bruselas con los países de origen parece haber funcionado y el lento goteo de personas desesperadas se está convirtiendo en un flujo que podría retrotraernos a las imágenes que ya vivimos, de personas hacinadas en condiciones inhumanas.
El Gobierno del Estado debe proveer todos los medios necesarios para atender de forma humanitaria y responsable a estas personas. Y debe hacerlo anticipándose a una más que posible escalada de arribadas. Por supuesto que deben seguir realizándose las gestiones y políticas necesarias para arreglar el problema en origen, evitando que tantas personas desesperadas se jueguen la vida en un viaje incierto, pero sobre todo, y más que nada, hay que garantizar que Canarias no se convierta otra vez en una frontera desbordada y superada por miles de personas a las que no se pueda atender como se debe.
