En un sistema democrático, todo el mundo tiene la misma responsabilidad a la hora de contribuir al sostenimiento de la sociedad en la que vive. Pero no todos los ciudadanos deben cumplir esas obligaciones de la misma manera ni en la misma proporción. El sistema fiscal, por ejemplo, se basa en la progresividad: un mecanismo que intenta que cada uno contribuya al bien común proporcionalmente a sus ingresos.
Como ya he dicho en muchas ocasiones, la verdadera justicia social no es tratar a todo el mundo igual, sino que se basa en tratar desigualmente a los desiguales. Y en estos días nos estamos enfrentando a esa situación con la batería de medidas adoptadas por Europa en el buen propósito de la lucha contra el cambio climático. La UE penalizará los transportes aéreos y marítimos y establecerá nuevas cargas fiscales sobre los combustibles derivados del petróleo que se quieren erradicar a medio plazo.
Canarias tiene también la obligación de adoptar medidas para mitigar el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente. Pero un archipiélago fragmentado y alejado del continente no puede luchar contra el cambio climático de la misma forma que un territorio continental que no se enfrenta a los mismos hándicaps ni limitaciones estructurales.
La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas ha lanzado la pasada semana una advertencia sobre las «gravísimas consecuencias» que tendrá la directiva europea sobre las nuevas tasas de emisiones en el tráfico de contenedores, que ocasionará, en su opinión, «pérdidas millonarias» y de competitividad y conectividad para Canarias.
La aplicación de las nuevas tasas, que se producirá el primero de enero del año que viene, encarecerá los tráficos y las mercancías y afectará la conectividad de las islas. Los cálculos, solo para las las navieras y solo para el puerto de Las Palmas, hablan de unos sobrecostes de unos quince millones de euros, que sin duda repercutirán en las mercancías y afectarán al consumo en las isla y a sus exportaciones. Y lo mismo ocurrirá, multiplicado por los sobrecostes de la doble insularidad, en el resto de la islas.
En la lucha contra la descarbonización, los nuevos impuestos a los combustibles son un arma disuasoria. Un barco que realice la línea Sudáfrica-Norte de Europa y que haga escala en un puerto de Canarias pagará medio millón de euros por contaminar en cada viaje de ida y vuelta. Eso, para las Islas, resultará catastrófico, porque es algo que no ocurrirá igual en los puertos de África, nuestro vecino continente.
Las nuevas normas europeas, que aún se están redactando, establecen hoy que si un barco se mueve entre dos puertos europeos tendrá que pagar el cien por ciento de la tasa mientras que si viene o se dirige hacia un puerto africano solo se le aplicará la mitad de la carga fiscal lo que supone un poderoso incentivo para que las navieras opten por acudir a puertos del vecino continente en detrimento de los canarios.
La aplicación de tasas y nuevos impuestos al transporte aéreo o marítimo tendrá una enorme repercusión en nuestras islas, que solo se pueden comunicar a través de esas dos vías. Afectará nuestra vida produciendo un encarecimiento de los precios, porque todos sabemos que los nuevos costes y tasas —como las que ha subido AENA— se terminan trasladando a los consumidores. En el caso del turismo ya hay cálculos de compañías que advierten que la repercusión será de más de diez euros por pasajero y trayecto. Es una cantidad muy significativa y tanto más grave cuanto que competimos con otros destinos turísticos del Mediterráneo, no comunitarios, en donde esos impuestos y tasas no se aplicarán.
En las Regiones Ultraperiféricas de la UE ha sonado una justificada alarma porque las acciones para combatir el cambio climático tienen una especial incidencia en nuestros territorios insulares y lejanos, cuya única forma de subsistencia se basa en tener transportes aéreos y marítimos frecuentes y accesibles. Hay que adecuar las medidas y los esfuerzos a la capacidad de cada uno para soportarlos. Los territorios más desiguales de Europa no pueden ser tratados con las mismas políticas que se adoptan para el continente.
Quedan unos meses para dar esta batalla fundamental. Tenemos un costo de la vida que se ha disparado y que afecta a una sociedad que padece las bolsas de pobreza y exclusión social más grandes del Estado. Si seguimos apretando el dogal del esfuerzo fiscal sobre las familias de este Archipiélago acabaremos por estrangularnos.
