Las escenas de hace poco más de una semana en la isla mediterránea de Lampedusa parecen haber movido algunos cimientos en la conciencia de las autoridades europeas. Son la constatación de un fracaso notorio y trágico en la definición de una política, la de migración y asilo, que desmiente los valores fundacionales de ese magnífico proyecto llamado Unión Europea.
Aun así, tenemos razones para ser escépticos respecto a las solemnes palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No es la primera ocasión en la que acontecimientos trágicos formulan a su vez llamadas al cambio de rumbo que finalmente se traducen en la repetición de las mismas políticas fallidas. O, mejor dicho, de las no políticas. Porque la actuación de la UE para abordar la crisis migratoria se define mejor por las cosas que no hace (aunque a veces las dice) que por aquellas actuaciones eficaces en defensa de los derechos humanos, compatibles a su vez con el respeto a la legalidad europea e internacional. Al Gobierno español, por cierto, le ocurre lo mismo, y de eso sabemos mucho en Canarias. Demasiado ya, se podría añadir, porque también convivimos a diario con el drama.
Algunos mandatarios europeos anuncian en fechas recientes un giro en la política migratoria de la Unión Europea, algo que también sostienen desde el Parlamento de Bruselas y Estrasburgo. ¿Qué harán los gobiernos de los Estados miembros mientras tanto? Sabido es que el fenómeno migratorio tiene una incidencia diferente en función de la geografía, y que las regiones que son frontera (las que, hablo de Canarias, somos frontera) se miden en primera línea con los flujos descontrolados, los viajes con grave riesgo de muerte, el caos del continente africano y la ineficiencia en las políticas de vigilancia costera en la ribera sur del Mediterráneo y la costa atlántica occidental de África. Esas cosas, debemos admitirlo con humildad, no las podemos cambiar, o las podemos cambiar a muy largo plazo y con resultados inciertos. El planeta que compartimos es un lugar complejo.
Lo que sí podemos hacer es modular la respuesta a esos fenómenos que nos vienen dados y sobre los que tenemos una capacidad de intervención limitada. ¿Hacemos todo lo posible para mitigar la tragedia en nuestras fronteras, en las aguas cercanas a nuestro territorio, en nuestras costas? La respuesta evidente es no, y esta respuesta negativa se extiende en el tiempo hasta definir un panorama de frustración, que entrega vidas jóvenes al océano y alimenta a su vez algunos sentimientos muy negativos para la convivencia entre los pueblos. Nadie puede sentirse conforme con este estado de cosas, así que ha llegado el momento de actuar con firmeza.
Pongamos como ejemplo al Gobierno español. Carece de una estrategia coherente y coordinada para abordar el fenómeno de la inmigración ilegal llegada por mar, y esto es notorio tanto en el Mediterráneo como, muy especialmente, en lo tocante a Canarias y su especifidad, que también la tiene en este caso. La situación de los menores extranjeros resulta particularmente lacerante. Hasta el momento el Ejecutivo central se ha conformado con el cómodo papel de mediador en el diálogo entre comunidades autónomas para dar una acogida completa y digna para estos chicos y chicas llegados a las Islas en una situación de total vulnerabilidad.
La Comunidad Autónoma de Canarias ejerce sus competencias en materia de infancia con la mejor intención y recursos abundantes, que no han dejado de crecer en los últimos años. No obstante, por una cuestión simplemente acumulativa (cada vez son más los menores que se suben a una precaria embarcación en busca del sueño de una vida mejor), estos recursos puestos en acción por el Gobierno canario no son suficientes.
La respuesta a esta evidencia no puede pasar por ponerse de perfil y apelar a la buena fe de los gobiernos autonómicos, algunos de los cuales se escudan en esa indefinición para eludir cualquier comportamiento responsable ante un asunto que, afectando a una comunidad autónoma en concreto, es un asunto de Estado sin duda alguna. Ojo, no hablamos de solidaridad, de comportamientos testimoniales, sino de responsabilidad, de madurez política e institucional. Eso el Gobierno central no lo ha promovido, y al eludir ese rol de liderazgo ha generado una especie de pedagogía negativa entre los gobiernos autonómicos. Es triste en el plano político y un drama mayúsculo para un Estado que se define como Social y de Derecho.
La coordinación y el liderazgo a cargo del Gobierno español son requisitos previos necesarios para luego acudir a Europa y promover ese enfoque integral ante la crisis migratoria, una respuesta que debe renegar de los “territorios cárcel” y promover espacios seguros de tránsito en un territorio, el de la UE, necesitado a su vez del vigor demográfico que también proporcionan las migraciones. Unamos a todo ello esas cuestiones nunca definidas, pero siempre pronunciadas, sobre una vigilancia costera eficaz pero con perspectiva humanitaria, responsabilidad del Frontex y de los gobiernos del sur de la UE en colaboración con nuestros vecinos de la orilla sur, que para Canarias es la orilla este. Ninguna de las acciones citadas resolverá el problema ni hará imposible el drama, pero salvará vidas y marcará una nueva impronta en la actuación de la UE como lo que dice ser, un actor global que defiende los derechos humanos en toda su extensión. Pero no es tiempo ya para palabras huecas. Es el momento de actuar. Porque es ahora, presidenta Von der Leyen; es ahora, presidente Sánchez.
(*) Fabián Chinea, Senador por la isla de La Gomera