La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha manifestado este viernes que, dentro del complejo desarrollo de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, para su formación es prioritario sacar adelante el Plan de Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza, “aún no aprobado, a pesar de que en las islas hay casi 790.000 personas en riesgo de exclusión social, según el último informe AROPE”, y de forma específica contra la pobreza infantil.
Melodie Mendoza, que ha interpelado a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, sobre los avances que va a acometer su departamento para la plena implantación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, mostró su preocupación ya que solo se han aprobado tres reglamentos de los 34 previstos en la norma y exhortó a la consejera a desplegar todos los efectos de la ley antes de que finalice la actual legislatura.
Indicó, igualmente, que no es suficiente con aprobar reglamentos para echar a andar la ley, sino que es preciso poner los recursos necesarios para financiar los convenios con ayuntamientos y cabildos que establece la norma. Por ello, recordó a la consejera la importancia de que los presupuestos de 2024 incluyan las correspondientes partidas.
En este sentido, destacó que este dinero es fundamental para que los municipios menos poblados, que no cuentan con fondos suficientes, puedan prestar los mismos servicios y con la misma calidad asistencial que los situados, por ejemplo, en las áreas metropolitanas.
La parlamentaria gomera también preguntó por el impacto que está teniendo la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) en la reducción de los niveles de pobreza en las islas, con objeto de verificar su eficacia y si es necesario modificar su aplicación.
Mendoza animó a la titular de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia a aprobar el reglamento de ayudas a las personas usuarias de los traslados sanitarios y sus acompañantes fuera de su isla de residencia, con el fin de compensar el coste que supone desplazarse para recibir un servicio público que no se presta en su lugar de residencia.
