Una veintena de centros en los que se han cometido abusos sexuales en la Iglesia –por parte del algún sacerdote o religioso– de las 487 víctimas que han denunciado, se encuentra en Canarias, según una encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que le encargó hace un año y medio el Congreso de los Diputados, y que ha entregado este viernes a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.
De la relación de centros que hay, 21 se localizan en diferentes puntos de Canarias. En concreto, recoge una casa parroquial en La Gomera, el centro y el colegio residencial de Opus Dei en Santa Cruz de Tenerife, y en esta misma ciudad el colegio La Salle San Ildefonso.
Además, en Las Palmas de Gran Canaria localizan abusos sexuales en el colegio del Cristo, en el internado Ciudad San Juan de Dios, en el colegio Salesiano y en el Claret, así como en los colegios La Salle de la capital grancanaria y de Arucas (Gran Canaria).
En el colegio Salesiano de San Isidro de La Orotava (Tenerife) también se localizan abusos sexuales de la Iglesia, así como en la Congregración Pureza de María de Santa Cruz de Tenerife, en el grupo scout Aguere 70 del colegio Nava La Salle de La Laguna (Tenerife) y en la parroquia Santiago Apóstol de Santa Cruz de Tenerife.
Otro punto en el que se localiza es el parroquia de Casa de Aguilar de Santa María de Guía (Gran Canaria), así como en la de San Bartolomé Apóstol de La Laguna (Tenerife), además de en la residencia de los Hermanos de la Cruz Blanca de Puerto de la Cruz (Tenerife) y el seminario mayor de La Laguna. A todos ellos se suman cuatro puntos sin identificar –uno en Las Palmas de Gran Canaria, uno en Santa Cruz de La Palma, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Lanzarote–.
Unas 236.000 personas han sufrido abusos
En el conjunto nacional, y según los datos del informe, un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso.
En total, un 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas, teniendo en cuenta que en España hay 39.415.017 personas de 18 y más años, según el último dato del INE disponible.
La encuesta demoscópica, encargada por el Defensor del Pueblo siguiendo el proceso de licitación de la Administración, contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española (8.013 personas) a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas de la institución.
Esta revela, entre otros datos, que el 11,7% de los entrevistados afirma haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años, es decir, 4,6 millones de personas, de ellos, un 3,36% en el ámbito familiar, es decir, 1,3 millones de personas. Por otro lado, un 72% de los encuestados considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4%, bastante grave; y la mayoría piensa que no se están tomando las medidas adecuadas frente al problema.
487 víctimas entrevistadas
Además, el informe revela que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo. Junto a testimonios directos, han tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la Iglesia y de la investigación del diario El País.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha mantenido reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) o con el decano del Tribunal de la Rota, entre otras.
A lo largo de sus 777 páginas, el Informe del Defensor, titulado, Una respuesta necesaria, apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada “mucho tiempo” por la “negación”, la “minimización” u “ocultación” del problema y denuncia que las víctimas han sufrido incluso “presiones” de representantes de la misma en las que se les “culpabilizaba”.
No obstante, también reconoce “buenas prácticas” y “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.
Por otra parte, critica que los poderes públicos carecieron de “procedimientos adecuados” para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que hasta 2021 no se introdujeron mecanismos en todos los centros educativos públicos o privados. La mayoría de casos que se han denunciado, según precisa, pese a ser una pequeña parte del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.
Acto público de reconocimiento y reparación
El Informe propone una veintena de recomendaciones, entre ellas, celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020.
Igualmente, propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
Además, sugiere que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares; y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran sus archivos.
En la rueda de prensa posterior a la entrega del informe, el Defensor del Pueblo ha pedido que este asunto no se convierta en un “trampantojo” para “enredarse” en “otros debates infecundos”. Por ello, se ha dirigido “expresamente” al Congreso de los Diputados, al Gobierno y a la Iglesia para que asuman lo que significa y adopten las medidas a fin de dar una respuesta necesaria a ellas.
Gabilondo ha expresado que “es necesario dar respuesta a una situación de sufrimiento que durante años ha sido cubierta por un injusto silencio”, y ha precisado que “no es cierto que todos lo sabían” pero “no es verdad que nadie lo sabía”.
En cuanto al informe, Gabilondo ha aclarado que el objetivo no era “llegar a conocer una cantidad concreta y concluyente” y ha advertido de que “pretender hacer una estimación supondría pasar por alto” el “respeto absoluto a la voluntad de las víctimas” y el “silencio voluntario de muchas”; e “ignorar” a las que han desaparecido.
El estudio, según ha indicado el Defensor, revela el “impacto devastador” de los abusos y señala que en muchos casos la respuesta ha sido “insuficiente” y “dilatoria”, predominando durante años determinadas conductas como el “traslado” de las personas abusadoras “de modo reiterado, no ocasional”.
No obstante, ha puntualizado que este informe no pretende ser “una última palabra” o “un punto final” sino que “más bien aspira a contribuir a la toma de conciencia”.
Por el momento, según ha indicado Gabilondo, no han entregado el informe a la Iglesia Católica pero ha precisado que el próximo lunes, la Conferencia Episcopal Española ha convocado una reunión extraordinaria para analizar el documento y que los obispos le invitaron a asistir para presentarlo. Si bien, ha explicado que no podrá acudir debido a un asunto familiar, aunque no descarta presentárselo en otro momento.
