Como muchos ciudadanos, observo con preocupación e impotencia la deriva de crispación que está tomando nuestro país. Después de cuatro décadas de libertad y progreso, basadas en la reconciliación, el diálogo y el entendimiento, estamos desembocando en un desencuentro crónico y en la incapacidad de alcanzar ningún tipo de acuerdo en beneficio de la ciudadanía. No deja de ser curioso, por no decir algo peor, que sea precisamente en estos tiempos de cólera desatada cuando más se apele a la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo.
La construcción de la democracia fue un trabajo colectivo en donde intervinieron muchas personas con diferentes ideologías y pensamientos, desde la derecha al comunismo. Pero el gran logro de España se consiguió con un gobierno del PSOE que impulsó, en los años ochenta, la modernización del país. Ese gobierno, que fue la sabia respuesta del pueblo español a un intento de golpe de Estado de una derecha nostálgica de la dictadura, puso a nuestra sociedad en la senda de la mayor prosperidad jamás vivida. Eso no quiere decir que no existieran enfrentamientos y rivalidades políticas, porque naturalmente las hubo. Pero los partidos, las patronales, los sindicatos y los colectivos cívicos no cultivaban la crispación como semillero electoral y eran capaces de entenderse en algunos asuntos considerados de interés nacional. Debo decir, con tristeza, que fue la derecha de entonces quien inauguró la deslealtad, rompiendo la unidad de acción ante el terrorismo para desgastar injusta y obsesivamente a Felipe González.
En estos momentos existe un enfrentamiento en toda España en torno a la solución política al conflicto de Cataluña. Hay quienes consideran que la pacificación del independentismo se basa en el perdón a los delitos cometidos hasta hoy, para dar paso a un nuevo sistema de relaciones. Y hay quienes creen que eso supone la destrucción del modelo de Estado y de la Constitución. Veo mucho más sólidos los argumentos de quienes creen en la oportunidad de resucitar el diálogo que los de quienes siempre están hablando del apocalipsis.
Sin embargo, el PSOE y Sumar están haciendo algo más que construir una solución política al conflicto catalán. Y es eso otro lo que me parece un terrible error. Eso que algunos han denominado “el rescate” de Cataluña, con la condonación de más de dieciséis mil millones, entre principal e intereses, de la deuda con el Estado, que supone una quiebra del principio de igualdad de todos ante las leyes. Las deudas no desaparecen con el perdón, porque siguen existiendo y tendrán que ser pagadas solidariamente por los españoles. Es inaceptable que un Gobierno en funciones sea capaz de plantearse pactar una medida que supone un ataque directo a la caja común del Estado. ¿Con qué cara volverá un ministro o ministra de Hacienda a imponer disciplina fiscal a las Comunidades Autónomas de este país?
En España ha ocurrido, desde la crisis del 2008, que las comunidades más ricas se han vuelto aún más ricas y que, al contrario, las más pobres han empeorado sus indicadores de miseria. Si hubiera que adoptar medidas extraordinarias que comprometan miles de millones de esfuerzo fiscal sería obligado plantearlas para aquellos territorios que más lo necesitan, qué más están padeciendo la pobreza. Establecer indultos financieros o condonaciones de deuda a una de las comunidades más ricas de España, con mayor renta per cápita y mejor financiación por habitante, no se sostiene ni jurídica ni política ni moralmente. Y me produce una especial decepción que esa decisión haya sido tomada por fuerzas progresistas, que serían las llamadas a tener en consideración la atención prioritaria a los más desfavorecidos y vulnerables. Y esto sin hablar de la independencia fiscal de Cataluña que se suma al modelo de insolidaridad del País Vasco.
Como es obvio las comunidades autónomas han puesto el grito en el cielo pidiendo un trato igual al de Cataluña o lo que es lo mismo, una quita del 20% de su deuda. Pero incluso si se consiguiera, la medida sería igualmente injusta, porque no sería progresiva. ¡No se puede tratar a todos por igual cuando todos son tan diferentes! Canarias apenas tiene deuda pública porque ha tenido gobiernos responsables que ajustaron sus cuentas a la disciplina financiera que imponían Bruselas y Madrid. Después de tantos esfuerzos, buscando donde no había para poder aumentar los recursos destinados a la pobreza y la exclusión social, la peor noticia y el peor ejemplo que se puede dar es que a los más ricos, a quienes más se han endeudado y a quienes menos se han sacrificado, se les vaya a tratar mejor que a los demás.
Todos los ojos están puestos en el escenario soberanista. Pero se equivocan. España no se va a romper ni viene el apocalipsis. Es mejor dialogar que enfrentarse en las calles. El verdadero Estado que debemos defender es el del bienestar. Y es justo ese el que está en peligro.