La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha vinculado este lunes el grave problema de acceso a la vivienda que sufren las islas con las altas tasas de pobreza, paro y los bajos salarios, durante la presentación en el Parlamento del informe “La situación de la vivienda en Canarias desde una perspectiva social”, por parte del Diputado de Común, Rafael Yanes.
En opinión de la diputada de ASG, “raro” sería que el acceso a la vivienda no fuera uno de los principales problemas de las familias canarias teniendo en cuenta la cifra del número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, más de 780.000, la alta tasa de paro, casi 180.000 desempleados, y los bajos salarios, los menores del Estado español.
Melodie Mendoza también atribuyó la situación actual de la vivienda en las islas a la escasa política en esta materia, que ha provocado un parque insuficiente y que la lista de demandantes, más de 25.000, no haya parado de crecer. A ello sumó que Canarias es la comunidad autónoma en la que más ha aumentado el número de hogares que no reciben ningún ingreso o bien tienen que dedicar casi el 40% del salario al gasto en vivienda, tesitura agravada por la crisis inflacionista que se está comiendo el bolsillo de muchas familias, sobre todo el de las más vulnerables.
Según la parlamentaria gomera, la solución no va a llegar simplemente con el aumento del parque de vivienda pública y de las ayudas al alquiler, pues eso cronificaría la condición de muchos demandantes. A su juicio, hay que aprovechar que vivimos en un territorio con muchas oportunidades para incrementar el nivel de riqueza y mejorar los salarios de los canarios y las canarias. Esto, explicó, se vería reflejado en el número de demandantes de vivienda social y ayudas al alquiler.
También propuso que se lleven a cabo las modificaciones necesarias para facilitar a los ayuntamientos aprobar sus planes generales de ordenación urbanística; allanar el camino a quienes tienen la oportunidad de construir una vivienda privada; una acción política comprometida y consensuada en la que también participen los agentes sociales, y que la política de vivienda sea evaluada periódicamente.