Como a tantos otros, me produce rechazo la insólita situación que estamos viviendo en este proyecto común que llamamos España, que tan bien ha funcionado durante cuatro décadas de libertad y democracia. La pasada semana se celebró un encuentro entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, al que no acudió Cataluña porque sostiene que sus negociaciones en torno a los presupuestos y la financiación se realizan de forma bilateral: es decir, de gobierno a gobierno. Pese a que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo niega, las evidencias son incontestables.
Como ya he dicho en alguna ocasión, soy capaz de entender que se apruebe una ley de amnistía política para reconducir el enfrentamiento con los independentistas catalanes, pero me resulta contra natura que sean las fuerzas de la izquierda de este país las que estén permitiendo la ruptura del principio de solidaridad fiscal que ha sido la bandera de la izquierda de toda la vida. Que se esté permitiendo la adquisición de privilegios financieros por una parte del territorio del Estado. Y que eso se esté conformando como una realidad, modificando de facto el propio modelo de Estado, sin que sea fruto de un debate entre todos los que forman ese mismo Estado.
Las leyes que nos hemos dado como nación establecen como uno de sus principios básicos la corresponsabilidad de quienes más tienen con los más vulnerables. La justicia social se basa en tratar desigualmente a los desiguales. Por eso, a la hora de financiar los servicios públicos, de asignar gastos e inversiones, los gobernantes no funcionan con el principio puro y duro de la población, sino que consideran otros factores como los indicadores sociales y económicos de cada uno de los territorios. Porque eso permite discriminar positivamente en favor de los más necesitados.
Agrupación Socialista Gomera siempre ha defendido esos principios. En la distribución del Fondo de Desarrollo Regional y en el ámbito presupuestario de Canarias y de la doble insularidad que afecta a las islas no capitalinas, sujetas a sobrecostos estructurales y amenazas diferentes a los de otros territorios. A su vez, esa línea argumental ha sido la base de las relaciones de Canarias con el propio Estado y con la Unión Europea al punto de que se han plasmado esos principios en documentos como el Tratado de Lisboa o la propia Constitución Española, que reconoce el hecho insular.
Me produce vértigo político que la discusión de ahora mismo en la política española no sea la situación de excepcional necesidad que tienen territorios con problemas de cohesión social y bienestar, como Extremadura, Andalucía o Canarias, sino que esté centrada en las ambiciones financieras de una comunidad como Cataluña. Algo está rematadamente mal en esto que demuestra un grave problema de enfoque.
Que esto sea así no solo es una responsabilidad del Partido Socialista. También recae sobre el otro gran partido de este país, el Partido Popular. Porque si hoy prosperan planteamientos insolidarios y egoístas, si estamos en unos momentos en donde lo particular se impone a lo general, es porque estos dos grandes partidos son absolutamente incapaces de plantear un pacto que proteja principios y pilares de la casa común que deberían ser intocables. Esa crónica falta de entendimiento, que a veces parece simplemente animadversión, está permitiendo que crezcan a su sombra brotes muy preocupantes de populismo, insulto y chantaje político, como manera de ejercer la responsabilidad pública.
Esa falta de entendimiento en lo esencial no solo afecta a España. Canarias, a efectos de defender sus intereses, no se encuentra en la mejor posición. Hay fuerzas mucho más poderosas que las nuestras que operan en la política nacional. Pero nuestras necesidades son, de lejos, las más clamorosas. Lo dice nuestra tasa de paro, nuestros problemas de vivienda, nuestras familias en pobreza y exclusión o nuestros indicadores de renta. Que no recibamos la financiación que necesitamos para atender los servicios públicos esenciales y atender a nuestra población más vulnerable no es un problema de los políticos, es una condena para todos.
A modo de reflexión final: A veces olvidamos que Canarias tiene quince diputados en ese Congreso en donde se decide buena parte de nuestro futuro. ¿Alguien se ha planteado que si esos quince representantes de los canarios se pusieran de acuerdo sería imposible ignorar nuestras demandas?
