El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha destacado este jueves, en el Parlamento de Canarias, la utilidad del Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja, aprobado por el Gobierno de Canarias, el pasado 18 de diciembre, para abordar la planificación de futuro de la Isla Bonita y, especialmente, de los afectados por la erupción volcánica.
En este sentido, aludió a los principales avances de este instrumento, que incorpora una disposición final que actualiza y modifica el Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se sube a cuatro años la vigencia del decreto, se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan las segundas viviendas y viviendas turísticas para que se puedan acoger a las medidas compensatorias.
El también presidente del Cabildo de La Gomera subrayó la urgencia de establecer las directrices para la construcción, la rehabilitación y la reconstrucción. En este contexto, alertó de la situación de los afectados cuyas parcelas están en zona roja, y que dada su inclusión en áreas protegidas tienen mayor dificultad para su recuperación. “Estas personas deben ser compensadas de forma singular”, dijo Curbelo.
En el transcurso de su intervención, puso de relieve el trabajo realizado por los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, así como el Cabildo de La Palma, “que de la mano de una amplia participación ciudadana han sido parte activa de este decreto”, concluyó.
Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario ASG, Melodie Mendoza, apuntó que esta medida forma parte de un programa de actuación que prevé la aprobación de cuatro decretos (el territorial, el agrario, el de vivienda y el de recuperación económica), dirigidos a atender las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de La Palma para la plena recuperación social y económica de la isla, tras el volcán registrado a finales de 2021.
Según explicó, es fundamental respaldar la voluntad de los afectados de recuperar, siempre que sea posible, lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban, evitando, además, el despoblamiento y el desarraigo del Valle de Aridane.
Melodie Mendoza definió como un acierto que la norma –eso sí, teniendo en cuenta las observaciones apuntadas por el Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen–, busque garantizar a los afectados el derecho de propiedad sobre sus parcelas, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa de la recuperación, con ayudas públicas y la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.
Por último, señaló que la erupción volcánica en La Palma ha sido un desafío sin precedentes que seguirá necesitando de mucho trabajo durante años y, por ello, será necesario seguir mostrando el mismo compromiso y unidad con la recuperación de la isla y la protección de sus habitantes.
