El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea Correa, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una aclaración sobre el despliegue actual de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en relación con la llamada ruta canaria de la inmigración irregular por mar.
En su pregunta, registrada en el Senado, el representante gomero pide también una descripción completa sobre las funciones que realiza Frontex en las Islas, al objeto de despejar las múltiples dudas sobre el rol que dicho organismo comunitario desempeña en Canarias, acrecentadas por las diferencias conocidas en los últimos días entre Frontex y el Gobierno español sobre las funciones que cada uno debe desempeñar en la gestión de la crisis migratoria, con gran incidencia en el Archipiélago.
El senador gomero consideró que la participación de Frontex en la gestión de la ruta canaria “nunca ha estado clara ni ha sido explicada por el Gobierno español, ya fuera a través del Ministerio del Interior o de la Delegación del Gobierno”, y consideró fundamental saber si la agencia europea “puede colaborar de un modo más eficiente y exitoso en la vigilancia costera en colaboración con los países africanos, en la atención temprana a los inmigrantes llegados por mar a las Islas o en los procesos de identificación que contempla la normativa sobre extranjería”. Para Fabián Chinea, los desencuentros entre la agencia europea y el Gobierno español “no contribuyen al objetivo común de gestionar del mejor modo posible y con todos los recursos disponibles una situación dramática como la que se vive en las Islas”, por lo que instó a ambos organismos a encontrar una pauta de colaboración estable.
Además, el representante de ASG urgió al Gobierno español a impulsar la reforma legal que permita la tutela en régimen de corresponsabilidad por las comunidades autónomas de los menores inmigrantes llegados a Canarias, dado que la situación actual, “ya con más de 5.000 menores de edad tutelados por la Comunidad de Canarias, es insostenible, atenta contra los derechos fundamentales de estos menores y precisa de un apoyo algo más que testimonial de los gobiernos autonómicos, con financiación previa suficiente del Gobierno central”. Por ello, instó al Ejecutivo central a atender la propuesta elaborada por el Gobierno de Canarias que, con pleno respaldo político y social en las Islas, propone la reforma de varias leyes (extranjería, menores y Código Civil) para promover la atención conjunta a los menores inmigrantes llegados a las Islas, así como a dotar dicho propósito con los fondos suficientes.