Llevamos demasiados meses. Demasiado tiempo. Y ya no me cabe duda alguna de que en Europa se ha perdido el concepto de la solidaridad y la responsabilidad. Salvando muy escasas excepciones, las Comunidades Autónomas de España y Bruselas han mirado hacia otro lado ignorando el problema al que está haciendo frente Canarias en la más absoluta soledad. Atender como se merecen a casi seis mil menores migrantes, cuidarles y darles los mejores servicios, es enormemente difícil cuando se ha desbordado la capacidad de atención. Es muy triste que tan pocos se hayan preocupado por el bienestar de tantos niños. Que tan pocos hayan dado un paso al frente para hacerse corresponsables. Se puede entender en el caso de una ultraderecha ferozmente insolidaria, pero no tiene explicación en el caso de quienes dicen creer en una sociedad más justa y solidaria.
Las Islas Canarias llevan denunciando la complicada situación que se está produciendo en la ruta Atlántica, sembrada de muertes y desesperación, y pidiendo una y otra vez medidas, comprensión y ayuda por parte de las autoridades europeas. A lo largo de todo este tiempo pasado hemos recibido visitas y hemos escuchado declaraciones en las que se expresaba la cabal comprensión de nuestro problema. Sería injusto decir que no se ha hecho nada. Pero es muy justo decir que ante un problema de enorme complejidad se ha reaccionado tarde, a pesar de que en el pasado hemos alertado una y otra vez de la tensión que se estaba produciendo en nuestra capacidad de acogida.
El Gobierno de Canarias ha propuesto modificaciones legislativas para conseguir que la atención de los menores migrantes sea una responsabilidad estatal y, por lo tanto, compartida por todos. Y este hecho, el que haya tenido que ser nuestra Comunidad Autónoma la que inste a reformular el marco legal que garantice un adecuado tratamiento de los niños migrantes, es la última demostración práctica del absoluto desinterés que despierta la situación excepcional que se está viviendo en Canarias y que también es un problema de Estado.
Me parece deplorable que seamos capaces de tratar de manera urgente y acelerada cuestiones de carácter político, proyectos legislativos que se debaten a uña de caballo por puro interés de los grandes partidos políticos, y andemos arrastrando desde hace meses una situación intolerable, injusta con los canarios y más injusta aún con los menores acogidos en unas instalaciones desbordadas.
Más de una vez nos hemos quejado en las islas del desconocimiento que existe sobre Canarias. Esa miopía crónica afecta siempre a nuestras especiales características de lejanía e insularidad, a nuestra reiteradamente ignorada Ley de Régimen Económico y Fiscal o a la adaptación que debería hacerse de medidas que se toman para la España continental —por ejemplo la famosa gratuidad en el transporte ferroviario— sin tener en cuenta la realidad de nuestro Archipiélago. Pero en el caso de los niños migrantes no cabe alegar ignorancia ni como eximente ni como atenuante. No cabe la menor duda de que se trata de pura insolidaridad, puro egoísmo o puro desinterés.
Los grupos parlamentarios canarios, tras la convocatoria realizada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, están de acuerdo en la necesidad de plantear desde las islas nuevos marcos legales para proteger a los menores migrantes y proveerles la mejor atención y los mejores cuidados. Quiero confiar en que esa unidad que se ha dado en el archipiélago entre todas las fuerzas políticas, reciba el respaldo de las Cortes Generales y del Gobierno de España, de cuyo ministro, Ángel Víctor Torres, conozco su sensibilidad sobre este asunto.
No existe nada más perentorio, no hay tarea humanitaria más importante que poner por delante el interés y el bienestar de esos miles de menores migrantes que se han ido acumulando al cuidado de Canarias, excediendo con mucho de su capacidad de atención. Es una tarea en la que hemos estado y estamos aún inexplicablemente solos. Y ya es hora de que Bruselas mire hacia España y Madrid mire hacia Canarias.