El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha apremiado al Gobierno de Canarias a actualizar cuanto antes la ley canaria de accesibilidad universal, ya que la norma vigente, para proteger el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, data de 1995.
En este sentido, indicó que se trata de una norma clave para que cabildos y ayuntamientos desarrollen competencias en este ámbito y fomentar una sociedad «realmente inclusiva». Por ello, animó a las formaciones con representación parlamentaria a “buscar la manera de ponerle las pilas al Gobierno” y que lleve a cabo con urgencia la puesta al día de la norma.
Jesús Ramos destacó la labor que desarrollan las organizaciones del tercer sector en este ámbito, pues “llegan a donde no lo hacen las administraciones públicas”, y consideró fundamental potenciar la coordinación entre ambas con el fin de “garantizar que van a tener la inyección económica necesaria para sacar adelante toda la importante labor que realizan”.
A su juicio, “está bien que tengamos leyes de accesibilidad, que son absolutamente necesarias, o convenios internacionales para defender los derechos de las personas con discapacidad, pero si realmente luego no ponemos dinero, por mucho que legislemos o por muchos acuerdos con muy buenas intenciones que nos propongamos, no vamos a conseguir nada”.
Mostró también su preocupación al conocer que las personas con discapacidad encuentran muchos obstáculos para insertarse en la sociedad de forma equitativa y que incluso pueda haber plazas reservadas para ellas que no se cubran. Insistió en la necesidad de “buscar mecanismos destinados a ayudar a los empresarios y empresarias que quieran contratar a trabajadores de este colectivo”.
El parlamentario por la Isla de La Gomera explicó que “la ley estatal obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a cubrir un 2% de la plantilla con personas con discapacidad, pero en Canarias estas condiciones se dan muy pocas veces, pues más del 95% de las empresas son pequeñas y medianas empresas o autónomos, y, por lo tanto, no están obligados por esta norma”.
Del mismo modo, abundó en la propuesta de aprovechar las nuevas tecnologías para que las personas con discapacidad no tengan que justificar su condición con un papel, sino a través de una tarjeta digital, por ejemplo. “Me parece denigrante –dijo– que los adelantos que hoy tenemos no se utilicen para preservar sus derechos de manera correcta”.