La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha achacado la falta de vivienda en las islas al binomio perfecto que integran el aumento de la población durante años y el descenso de la construcción de inmuebles.
Por ello, pidió mayor cautela en sus manifestaciones, tanto al Gobierno de Canarias como a las formaciones que integran el Parlamento, para que de ellas no se derive que la escasez está provocada solo por la compra de inmuebles por parte de extranjeros, pues “es una afirmación que está bastante alejada de la realidad”.
A su juicio, es “evidente” que las adquisiciones que lleva a cabo este colectivo “no ayudan a solventar la emergencia habitacional” declarada en las islas. Pero “la realidad es que el grueso de esta se debe, por un lado, al aumento durante años de la población, tanto residente como extranjeros, hasta llegar a los 2,2 millones de personas que viven ahora en esta comunidad autónoma, y, al mismo tiempo, a una escasa o mala planificación en materia de vivienda”.
En este contexto, apuntó que en las islas se ha pasado de construir 20.000 inmuebles al año en 2008 a apenas 3.000, lo que ha generado un claro desequilibrio, al que hay que sumar la alta cifra de demandantes de viviendas sociales, más de 25.000, dígito que inclina la balanza hacia la pérdida o poca capacidad de dar respuesta a los canarios en esta materia.
Mucho menos capacidad –añadió– si son personas jóvenes las que pretenden acceder a una vivienda, “algo muy difícil si deben destinar el 105% de su salario al pago del alquiler o casi cinco años de su salario neto para abonar la entrada de un piso, ya que su precio ha subido cinco veces más en proporción que su salario en la última década”.
Melodie Mendoza mostró su satisfacción por las iniciativas estatales y regionales puestas en marcha con el propósito de solventar de alguna manera este problema, y citó como ejemplo las líneas de avales ICO para la adquisición de vivienda, dirigidas a los jóvenes y a las familias que tengan menores a su cargo, o la que ha sacado recientemente el Gobierno de Canarias, de casi tres millones de euros.
Subrayó que estas acciones “evidencian que para combatir la emergencia habitacional hay que trabajar desde muchas aristas, también intentar, de alguna manera, disminuir la compra de viviendas por extranjeros”.