El Pleno de la Cámara regional ha aprobado este miércoles [22] una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar el servicio de seguridad, vigilancia y socorrismo en las playas de Canarias, y que el Gobierno canario apruebe una ficha financiera para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes afectados por la sentencia del Tribunal Supremo, donde se anula la obligatoriedad de contar con socorristas en las playas de las islas.
La iniciativa, defendida por la diputada socialista Nayra Alemán, insta al Gobierno de Canarias a elevar “urgentemente” una propuesta de acuerdo a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para abordar las consecuencias del Auto del Tribunal Supremo noviembre de 2023, que declara la nulidad del Decreto 116/2018, de 30 de julio, que regulan las medidas para la aplicación de las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de Canarias.
La propuesta incluye el reconocimiento de la deuda con los municipios afectados por los servicios prestados indebidamente por estos en materia de seguridad en las playas y programación de los pagos, así como un Anteproyecto de ley reguladora de la materia.
Además, se solicita una ficha financiera para la prestación del servicio y criterios de reparto, y el procedimiento de adhesión al acuerdo por parte de los ayuntamientos afectados.
La iniciativa también pide la asunción de la gestión directa por parte del Gobierno de Canarias en tanto en cuanto se produce la adhesión y se aprueba la normativa o medidas de compensación para los municipios que mantengan el servicio.
El Tribunal Supremo anuló el Decreto del Gobierno de Canarias que desde agosto de 2018 obligaba a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes a contar con vigilancia y socorrismo en sus playas, un servicio que ya prestaban desde hace años el resto de los municipios de mayor población.
El Supremo revocó así una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que entendió que el mandato que la comunidad autónoma imponía en ese decreto a los municipios pequeños era, en realidad, un desarrollo de algo que ya estaba previsto en la Ley de Costas de 1988.
Para el Grupo Socialista, el Decreto anulado entró en vigor el 8 de agosto de 2018, y en sus disposiciones transitorias primera y segunda imponía la obligación a los ayuntamientos de aprobar sus planes de seguridad y salvamento en el plazo de un año y la adecuación paulatina de sus medios a los planes de seguridad y salvamento en el plazo de cuatro años.
Unas obligaciones que, según el PSOE, han tenido que asumir muchos municipios canarios de menos de 20.000 habitantes en los últimos años, detrayendo recursos de acciones municipales y sin que existiera una ficha financiera que diera cobertura a las mismas.
Por esta razón, la materialización de la sentencia, sus consecuencias y la restitución de los perjuicios sufridos por los municipios afectados abre distintos escenarios, “en los que lo deseable” sería que el Gobierno de Canarias alcanzara un acuerdo con los ayuntamientos canarios.
Por un lado, se debe concretar el reconocimiento de la deuda con los municipios afectados por los servicios prestados indebidamente por estos en materia de seguridad en las playas, unos criterios homogéneos para su cuantificación y un calendario de pagos.
Además, y teniendo en cuanta la expresa reserva de ley que ha declarado el Alto Tribunal, se deberá contar con un nuevo anteproyecto de ley regulador de la materia, sin perjuicio de abordar un régimen transitorio a través de la figura del decreto ley, teniendo en cuenta que el objeto de regulación es la seguridad en las playas canarias. También, habrá de determinarse la ficha financiera para la prestación del servicio y criterios de reparto una vez que se haya establecido la obligación legalmente, así como el procedimiento de adhesión al acuerdo por parte de los ayuntamientos afectados