El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha reclamado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias más medios económicos y más recursos humanos para mejorar la atención a la discapacidad en el archipiélago.
Jesús Ramos agradeció a la titular de este departamento, Candelaria Delgado, que La Gomera vaya a tener un grupo de valoración permanente, porque, según dijo, “además de ser muy necesario en la isla, ha sido una reivindicación de hace muchísimo tiempo” por parte de su grupo parlamentario “y también, por supuesto, del Cabildo insular”.
Señaló que, “en Canarias, existen más de 161.000 personas con algún tipo de discapacidad” y que, en el caso de las islas no capitalinas, “todo es mucho más complicado y mucho más difícil”. De ahí que, a su juicio, sea necesario poner solución a todos los déficits que tiene la atención a estas personas en las islas y, para ello, insistió, “es obvio que se requieren tanto más medios económicos como también más medios humanos”.
Mencionó el informe especial sobre la discapacidad elaborado por la Diputación del Común, en el que se refleja que, “en los tres últimos años, las quejas sobre esta materia se han incrementado en un 119%, sobre todo, en lo que se refiere a los plazos necesarios para obtener ese grado de discapacidad o la revisión del grado”.
Una protesta que, tal y como apuntó, “se hace mucho más dolorosa cuando hablamos de menores, de niños de cero a seis años que tardan, a veces, hasta más de 18 meses en obtener esa valoración. Eso –agregó– hace que se desdibuje de alguna forma la atención temprana y la detección temprana de estas patologías”.
Mostró su preocupación por que “de los más de 12.000 alumnos con necesidades especiales que hay en Canarias, muchos de ellos acaban el ciclo escolar, que como máximo es hasta los 21 años, y se quedan en un limbo, sin empleo, sin poder acceder a un centro de discapacidad o incluso a un centro especial de empleo, porque las plazas son muy limitadas”.
Por último, demandó continuar con el apoyo a las organizaciones del tercer sector, “que las ayudas que reciben lleguen en tiempo y forma, porque el tercer sector está llegando a donde no puede llegar la administración”, y la actualización de la Ley de Accesibilidad, que es del año 1995.
