El senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Fabián Chinea Correa, logró en el pleno del Senado la aprobación de una enmienda que propone impulsar, de acuerdo con los gobiernos de las Comunidades Autónomas, la aportación conjunta de recursos suficientes para facilitar el acceso de la población joven a la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad. La enmienda fue aprobada dentro de una moción sobre el mismo asunto presentada por el Grupo Popular, que recibió el apoyo de la mayoría de la Cámara Alta.
En su intervención, el senador gomero dijo tener muy claro que revertir la situación actual de la vivienda “exige, primero, tener las ideas claras; en segundo lugar, mostrar la determinación de actuar en el diseño y ejecución de políticas públicas, y tercero, dotar dichas políticas con recursos suficientes para evitar que queden reducidas al mero gesto”. “Lo que necesitan los jóvenes españoles, con la edad de emancipación más elevada de la Unión Europea y no por su voluntad, son realidades que acompañen a sus objetivos vitales, ayudas para acompañar y expectativas para el cumplimiento de un derecho consagrado en nuestra Constitución, como es el derecho a la vivienda”, afirmó el representante de ASG, quien incidió en la colaboración entre administraciones. “Por ello creemos en la extensión de los programas de ayuda a la vivienda joven, que ya existen en muchas comunidades autónomas pero que precisan de un impulso decisivo también con fondos estatales, bajo principios comunes que garanticen la equidad en el acceso a los recursos habitacionales en un plano de igualdad de oportunidades”, señaló.
Fabián Chinea abogó por la cooperación y por ofrecer “un abanico lo más amplio posible de opciones para nuestra población joven, que se enfrenta a un desafío mayúsculo y no exento de peligros, como es la concentración de la riqueza a través de la propiedad inmobiliaria, un fenómeno en expansión que amenaza con generar nuevas brechas en el acceso a las oportunidades”. “Tenemos que ponernos en marcha y articular acuerdos no solo entre las fuerzas políticas, que también son muy necesarios, sino también entre los ámbitos institucionales con competencias en materia de vivienda, básicamente la Administración del Estado y los gobiernos de las Comunidades Autónomas”, concluyó.