El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha solicitado este jueves a todos los diputados canarios en las Cortes Generales que, aunque tengan que romper la disciplina del partido, voten en la dirección de la defensa de los intereses del archipiélago y, por tanto, a favor de la propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para poder atender la crisis humanitaria de la migración que están viviendo las islas, pues “esto no se puede posponer más”.
Según dijo, “no es razonable que Canarias tenga casi 6.000 menores tratados de una forma inhumana, porque ya están pensando en poner carpas en los puertos para ser atendidos en condiciones que no son las adecuadas y merecen”.
A su juicio, “este no es un problema político ni territorial, es un problema humanitario y, por tanto, el Gobierno estatal tiene que tomar decisiones, ya que la solidaridad se ha demostrado que no es suficiente”.
Indicó que, “lamentablemente, el sentido común de la política a veces no llega”, pero, no obstante, mostró su confianza en que aparezca en algún momento para que “se pueda modificar la ley y se puedan derivar a los menores de una forma razonable, acordada por todos y con financiación para las comunidades autónomas que van a tener su tutela”.
Recordó que el pasado martes ya manifestó en el Parlamento de Canarias su pesimismo ante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el fin de que todos los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas se puedan derivar y ser acogidos de forma proporcional por las distintas comunidades autónomas, y anticipó el resultado de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno estatal.
Según indicó, él ya adivinaba que “el PP, que es clave en esta materia, no iba a apoyar esta modificación legislativa ni un eventual decreto ley aprobado en Consejo de Ministros y ratificado después, porque en el Congreso de los Diputados tampoco va a haber una mayoría que lo permita”. Esta formación, explicó, “admite solo la distribución y tutela de 400 menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas que gobierna”.
