Vanesa Martín, portavoz de la Coordinadora de Sí se puede asegura que la votación vivida este martes en el Congreso de los Diputados ejemplifica una ruptura total del modelo de estado y un nuevo desprecio a Canarias, que queda “totalmente abandonada por la derecha estatal en la acogida de personas menores de edad refugiadas”.
Consideran que con esa votación “se ejemplifica la extensión de los discursos de odio xenófobos y aporofóbicos, que se ponen por delante de valores como la solidaridad, la acogida y el apoyo mutuo”. Para Vanesa Martín, el voto de PP, Vox y Junts es “un ejemplo de racismo, de los mismos que no pusieron reparos y dieron publicidad a la acogida de 200.000 personas refugiadas procedentes de Ucrania, bloquean cualquier apoyo a Canarias para redistribuir a 6000 menores procedentes del continente africano”.
Aseguran que con esta votación se “coloca a Canarias como la Lesbos del atlántico, rompiendo los discursos de igualdad entre comunidades autónomas que dicen defender, siendo una auténtica vergüenza que haya diputados y diputadas elegidos por nuestra tierra que hayan participado en esta medida”.
La formación ecosocialista demanda que el Gobierno central aborde esta modificación legal por la vía del decreto. Igualmente piden que el Gobierno de Canarias haga efectivas sus competencias para garantizar que situaciones como la acogida en espacios inadecuados o dentro de los CATE no se repita. “No podemos permitir que haya menores abandonados en espacios no adecuados, en carpas o sin las dotaciones necesarias para su desarrollo, con esa votación del martes es lo que quieren”, afirma. Recuerdan que “los acuerdos internacionales para la protección de la infancia, firmados por el Estado español, obligan al cumplimiento de unas medidas que actualmente no se están pudiendo aplicar por el desbordamiento del sistema de acogida, por eso hay que aplicar la norma de redistribución, cueste lo que cueste”. Igualmente piden al Gobierno de Canarias que no utilice la insolidaridad de ciertos grupos políticos, con los que además comparte labores, “como excusa para una gestión de la acogida que incumple con los principios de igualdad de trato que afectan a todos los niños y niñas protegidos por la comunidad”.
Igualmente creen que el Estado español debe ser “el primero en trabajar en el ámbito de la UE en la defensa de una política exterior que no mantenga el saqueo del continente africano, que acabe con el expolio y que aporte herramientas de trabajo igualitarias con los estados soberanos de la zona para mejorar las condiciones de vida y regular fórmulas seguras y legales de emigración”.
