En el controvertido tema de la migración, y con más precisión, sobre la acogida de menores que arriban a Canarias por la ruta atlántica, se repiten una y otra vez las argumentaciones que consciente o inconscientemente esquivan el origen de la problemática mediante la práctica del inútil “buenismo” que esconde el complejo de superioridad de quienes lo practican hacia los “pobres negros”, cuando no, lanzando contra las posiciones contrarias al abuso que se comete con Canarias, la piedra del descalificativo de “insolidario”, e incluso, “connivencia” con la ultraderecha y su enfermiza hostilidad contra el emigrante de color.
Que sepamos, no se trata que Canarias o su población tenga animadversión a los adultos o menores migrantes africanos, ocurre que, blanco sobre negro, tanto el gobierno español, en manos del PSOE-Sumar, como la mayoría de los gobiernos autónomos bajo control del PP, en la práctica, han levantado un muro en sus fronteras para impedir la entrada de la migración atlántica, lo que equivale a pretender que el País Canario sea de facto el territorio de deportación de los ciudadanos migrantes que aspiran a acceder a España y Europa. Misión por otra parte lesiva cuando, Canarias, aparte de su amplia y conocida problemática social y de saturación poblacional, cualitativamente y cuantitativamente, es incapaz de dar protección a los miles de menores que se hoy se hacinan en los espacios generalmente improvisados por las autoridades de las islas.
Como dato significativo y contradictorio con lo que ahora ocurre, el gobierno español con la aquiescencia de todos los grupos políticos, incluido vox, ha acogido en dos años a más de 200 mil ucranianos, incluidos menores. No es necesario ser un gran analista para concluir que la diferencia entre los ucranianos y la migración ahora deportada a Canarias es su color, motivo por el cual, miren por donde, salta de inmediato la sospecha, que el gobierno estatal y sus homónimos autonómicos -junto a la ultraderecha- en la política de los hechos practican la discriminación racial al vetar en sus territorios la entrada de los negros frente a la cariñosa protección que presta a los blancos y rubios ucranianos.
El imperativo legal de una modificación de la Ley de Extranjería planteado por el gobierno de España para poder implicar al conjunto de las comunidades autónomas en el reparto de la migración, o las objeciones banales enumeradas por el Partido Popular para aceptar un acuerdo que lo haga posible, forma parte de una misma estratagema que, desde una misma posición de desprecio neocolonial hacia Canarias y bajo el principio de la hipocresía, pretende oficializar in aeternum al País Canario como territorio de ultramar para la deportación de la migración irregular africana.
Por otra parte, sorprende el silencio, cuando no los mensajes coincidentes con los causantes de actual drama migratorio que observamos en la denominada izquierda españolista, así, en lugar de reivindicar un trato digno a la migración mediante el reparto racional y la ampliación de recursos disponibles en el conjunto del Estado, carga contra el gobierno de Canarias, en su pretensión que el ejecutivo claudique y acepte que Canarias continúe cargando en solitario con el conjunto de migración que los gobiernos del PSOE y el PP detesta.
En las actuales circunstancias, además del incomprensible hecho de mantener intacto su acuerdo de gobierno con el Partido Popular, el presidente Clavijo debe prevenirse de la tentación de claudicar en sus exigencias al Estado a cambio de mayores partidas económicas para atender a la migración presente y futura. Tenga cuidado el también líder de Coalición Canaria que el principio de uso y costumbre se convierta en norma jurídica perpetua.
Contrariamente, y a la espera del improbable éxito del gobierno de Pedro Sánchez para implicar al PP en su propuesta de modificación legislativa para hacer posible el reparto de migración infantil por el conjunto del Estado, el gobierno del PSOE-Sumar tiene en su mano algunas medidas que, a corto plazo, pueden solucionar al menos parcialmente la situación de emergencia migratoria que sufre Canarias. Para ello, puede iniciar el reparto proporcional de los cerca de 6 mil menores residentes en Canarias entre aquellas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, esto es Cataluña, Asturias Castilla La Mancha y Navarra.
Paralelamente, si se mantuviese la situación de bloqueo por parte de la derecha que impida el reparto, el Ejecutivo de Sánchez, mediante sus competencias previstas en la Ley de Extranjería, puede también proceder a la distribución de esta migración con medios y recursos propios en las diferentes instalaciones dependientes de sus respectivos ministerios a lo largo y ancho del territorio español. En ambos casos, ninguna ley o principio ético se lo impide.
Jaime Bethencourt Rodríguez
