El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que el Plan de Acción por la Democracia es una hoja de ruta con 31 medidas que el Gobierno va a ir implementando durante los próximos tres años para «reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información veraz».
A su juicio, España es una democracia sólida, plena y fuerte, pero los ciudadanos perciben elementos de desgaste motivados por la desinformación y los bulos. Por ello, el plan «busca restaurar plenamente la confianza en la democracia, hacerla más libre, más limpia» y que los medios sean más transparentes.
Bolaños ha indicado que la iniciativa tiene como precedente el Plan de Acción para la Democracia Europea, que aprobó la Comisión Europea en 2020, y el reglamento europeo de libertad de medios de comunicación del año 2023. Félix Bolaños ha asegurado que es ese marco europeo el que el Ejecutivo trata de implementar «con el mayor éxito posible». Además, el Plan de Acción por la Democracia recoge diversas propuestas que realizaron en julio algunos grupos parlamentarios durante las reuniones que mantuvieron con el Gobierno en el Congreso de los Diputados.
El ministro ha avanzado que el plan se articula en tres ejes, que incluyen medidas que serán impulsadas por distintos departamentos. Una comisión interministerial realizará un seguimiento de su implementación.
Primer eje: ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental
El Ejecutivo quiere que las instituciones y el Gobierno tengan mayor contacto con los ciudadanos para que estos puedan conocer y comprender mejor todas las políticas públicas que se adoptan para mejorar sus condiciones de vida, según ha remarcado Bolaños. Con el objetivo de mejorar la transparencia y rendir cuentas a la ciudadanía, el ministro ha avanzado que se va a aprobar una nueva estrategia y el quinto Plan de Gobierno Abierto y se remitirá a las Cortes un proyecto de Ley de Administración Abierta.
Además, todos los gobiernos tendrán que rendir cuentas e informar a los ciudadanos sobre cuáles son sus compromisos y su grado de ejecución, al igual que lleva haciendo el Ejecutivo actual desde el año 2020.
El ministro ha añadido que, con el fin de reforzar la lucha contra la corrupción, el Ejecutivo también creará la Autoridad Independiente de Protección del Informante dentro de la Administración Pública. Asimismo, el plan contempla la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que es preconstitucional.
Segundo eje: fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de los medios
Buena parte de las medidas del segundo bloque del plan buscan reforzar la transparencia e independencia en el ámbito de los medios de comunicación. El Plan contempla la adaptación de la normativa española para cumplir las disposiciones del Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado que la iniciativa incluye algunas de las reclamaciones más importantes de la última década en relación con la libertad de expresión. Además, aborda por primera vez la necesidad de hacer «política mediática», lo que implica «elaborar un marco legal, jurídico y normativo que garantice el derecho a la información plural, veraz y de calidad».
Urtasun ha señalado que, en primer lugar, hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas «cuya finalidad no es informar». Para ello, se creará un registro de medios de comunicación en el que se dispondrá de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Ese registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Una segunda medida es el establecimiento del deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas, una información que hoy «o no se presenta o se presenta de forma opaca», según ha asegurado Urtasun. Cuando se implemente la normativa, todas las instituciones públicas deberán ofrecer esa información de forma visible, clara y transparente.
El plan recoge la reforma de la Ley de Publicidad Institucional en dos aspectos. Por una parte, como ya anunció el presidente del Gobierno, se introducen criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de esa publicidad; estos serán elaborados a partir del trabajo con expertos en el sector de la comunicación y también con los grupos parlamentarios. Por otra parte, se modificará la Ley para garantizar que los sistemas de medición de audiencias cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad.
El objetivo en ambos casos, según ha remarcado el ministro de Cultura, es «hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando seudomedios que promueven la intoxicación mediática y las ‘fake news'».
Protección de los periodistas
El plan pretende, igualmente, impulsar una ley del secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de las fuentes. «Esto significa regular o hacer cumplir lo que ya prevé y reconoce el artículo 20 de la Constitución Española», según ha apuntado Urtasun. En la misma línea, se traspone una directiva europea para proteger a los periodistas de acosos externos. La norma, según ha explicado el ministro, permite a los jueces desestimar con rapidez demandas manifiestamente infundadas contra periodistas o defensores de los derechos humanos.
Además, siguiendo el acuerdo del Gobierno de coalición, se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para acabar con las sanciones que reciben profesionales de la información por desarrollar su trabajo cuando esto implica cubrir las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El plan también propone revisar el marco regulatorio para hacer frente a los oligopolios mediáticos y limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios, con el fin de evitar que haya medios impulsados directamente por ellas.
Tres reformas legislativas
En este segundo eje, Félix Bolaños ha anunciado que el Gobierno modificará las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor y el derecho a la rectificación para «garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o seudomedio de comunicación». El régimen actual que protege el honor de las personas y que garantiza el derecho a una rectificación de las informaciones no veraces que se publican se ha quedado obsoleto ante el ecosistema de medios actual, ha recalcado.
Además, el ministro ha anticipado que se hará una reforma integral del Código Penal para abordar los artículos que puedan limitar la libertad de expresión, entre otros casos cuando se refiera a instituciones del Estado y a los sentimientos religiosos: «El objetivo es adecuar nuestro Código Penal al derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Tercer eje: reforzar la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral
El Plan de Acción por la Democracia contempla la obligación de realizar el Debate sobre el Estado de la Nación anualmente, lo que conllevará, según ha resaltado Félix Bolaños, «una reforma del Reglamento de las Cortes Generales».
Asimismo, el plan recoge la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que sea obligatorio que los candidatos acudan a debates electorales en las campañas electorales.
«Los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas en un sistema electoral y tienen derecho a confrontar en ese debate, televisado, en radio, o en el formato que se acuerde», ha dicho Bolaños.
En cuanto a las encuestas que se realizan en los periodos electorales, tendrán que hacer públicos los microdatos o ficha técnica para garantizar su fiabilidad. El ministro ha señalado que «en ocasiones, las encuestas que se publican en periodos cercanos a las elecciones más bien parece que, en lugar de querer conocer el estado de opinión, lo que pretenden es influir sobre el estado de opinión, y creo que es una medida de transparencia, de garantía, que se conozcan los microdatos».
Por otra parte, el Gobierno impulsará la aprobación de una ley de grupos de interés, recomendada por la Unión Europea, y reforzará la obligación existente de que los partidos políticos publiquen sus cuentas y los diputados y senadores sus declaraciones de bienes y de intereses. «Vamos a establecer un régimen sancionador para que el incumplimiento de esa obligación tenga consecuencias», ha afirmado el ministro.