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El Parlamento rechaza una moción del PSOE destinada a corregir la política fiscal del Gobierno canario que favorece a la minoría

Manuel Hernández, portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista Canario

El Pleno de la Cámara regional rechazó por los grupos políticos que forman y apoyan el Gobierno canario (CC, PP, ASG y AHÍ) una moción del Grupo Parlamentario Socialista para poner en marcha medidas en materia de política fiscal y económica que alivien el encarecimiento del coste de la vida para la ciudadanía canaria, en especial tras contrastar los “reiterados” incumplimientos electorales y “absoluta despreocupación” del Ejecutivo autonómico por la realidad que viven los canarios y canarias.

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Manuel Hernández, defendió la moción y explicó que las propuestas socialistas son la respuesta a un Gobierno de Canarias “indolente e impasible” ante las circunstancias, con una inflación interanual que es la segunda más alta de todas las comunidades autónomas después del País Vasco; con los precios de la cesta de la compra que se han incrementado un 3,2% en su tasa interanual frente a la media nacional del 2,5%, y con un mercado de la vivienda “desbocado” producto de las acciones y omisiones del actual Gobierno canario.

De cara al Presupuesto de Canarias para 2025, los socialistas propusieron un conjunto de medidas que contribuyan a combatir la erosión del poder adquisitivo de la ciudadanía canaria desde el prisma de la justicia social, de la equidad y también desde la progresividad.

Entre las propuestas se incluía prorrogar con carácter retroactivo al Ejercicio 2024 las mejoras en el tramo autonómico del IRPF introducidas por la Ley de Presupuestos de 2023 relativas a las deducciones de gastos de estudio, guardería, o por nacimiento o adopción, por discapacidad o mayores de 65 años, por acogimiento de menores, para familias monoparentales y por familias numerosas, por inversión en vivienda, a obras para adaptar la vivienda por discapacidad o por rehabilitación energética, por contribuyentes desempleados, por gastos de enfermedad y por dependientes con discapacidad.

Además, se pedía estudiar la viabilidad de su vigencia indefinida a partir de 2025, así como estudiar la viabilidad de extender la deducción por gastos de estudios a los contribuyentes residentes en las ocho islas, modulando su alcance para los residentes en las islas capitalinas; extender el acceso a los servicios de comedor y desayunos escolares a un mayor número de familias en situación de necesidad, e implementar los complementos de vivienda y estudios previstos en el artículo 42 de la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía.

Asimismo, se propuso recuperar la regulación del impuesto de sucesiones y donaciones previa al Decreto-Ley 5/2023, “porque más allá de su potencial recaudatorio, supone asumir que este Gobierno está al servicio de unos pocos y que en una tierra con profundas desigualdades no le importa perpetuar la desigualdad que nace desde la cuna”.

También se solicitó una política “real y seria” de bonificaciones al precio del combustible para todas las islas no capitalinas de forma modulada, adaptada a las circunstancias de cada territorio, y cuya efectividad sea plenamente garantizada por la Administración.

Desde el Grupo Socialista critican que todas estas iniciativas hayan recibido el “rechazo frontal” de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. “Somos conscientes de que son precisamente la vivienda, el precio de los carburantes y su repercusión en los transportes, y los precios de la alimentación, los que concentran el gasto de las familias, por lo que vamos a seguir aportando propuestas frente a la inacción del Gobierno de Canarias”.

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