El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, asegura que cualquier propuesta que se plantee para reducir la jornada laboral debe diseñarse teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los sectores económicos de Canarias, además del tamaño de sus empresas. “Además, es fundamental que esté consensuada entre todas las partes, es decir, por la representación empresarial, la laboral y la administración”, afirma.
“La reducción de la jornada laboral tal y como se ha propuesto pone en riesgo la supervivencia de una parte importante de nuestro tejido empresarial y con ello la estabilidad del empleo”, explica Santiago Sesé al referirse al planteamiento de reducir la jornada de 40 horas a 37,5 horas semanales.
El presidente advierte de que una futura reducción de la jornada laboral “no puede llevarse a cabo de manera uniforme, aplicando los mismos criterios a todas las empresas”. Además, incide en que “el perjuicio sería especialmente importante en determinados sectores, como la hostelería o el comercio, donde las demandas laborales pueden ser estacionales o sujetas a horarios irregulares”.
En detalle, argumenta que “más del 95% de nuestro tejido empresarial está conformado por micropymes y pymes, que no cuentan con los recursos suficientes para poder afrontar cuestiones como la organización de turnos o la contratación de nuevo personal”. Asimismo, agrega, “suelen tener márgenes de beneficio ajustados y una capacidad limitada para asumir el coste adicional que supondría la contratación de más personal”.
Santiago Sesé confirma que la Cámara no está en contra de esta medida, pero sí defiende la necesidad de hacer este análisis detallado de la dinámica de cada sector y de las particularidades del tejido empresarial de Canarias. “De lo contrario, si se emprende una reducción homogénea de la jornada, puede verse afectada la competitividad y la productividad”, añade
“Por encima de todo, desde la Cámara de Comercio velamos para que las políticas que se apliquen sobre las empresas sean sostenibles y beneficien a las personas trabajadoras y a los empleadores y empleadoras”, finaliza.