POR SALVADOR GARCÍA LLANOS.- Quien está sufriendo y bajando enteros en la cansina pero aún exigente controversia sobre los menores no acompañados que llegan a las islas es Manuel Domínguez (PP), vicepresidente del Gobierno de Canarias. Si no fuera por la tutela y por los intereses políticos recíprocos de Fernando Clavijo (CC), presidente, lo consecuente sería una ruptura de la alianza que les une en esta legislatura. Pero es sabido que no son buenos tiempos para la lírica lógica. O que las preferencias y los intereses son de tal magnitud que dan igual los resultados electorales.
La controversia se va intrincando y el problema de la asistencia a los menores se complica, entre otras cosas porque siguen llegando y los recursos, los pocos que quedan, se van agotando. Pero también porque en la escena aparece el actor Vox que ha hecho del rechazo a los migrantes uno de los fuertes activos de su extremista desempeño público. Y es que da una vuelta de tuerca -el poder, siempre tan tentador con sus estrategias a largo plazo-, condicionando el apoyo a la aprobación de los presupuestos generales de seis comunidades autónomas en las que los populares gobernantes dependen de sus votos.
Todo da a entender que en el derechío no querían ni quieren un cauce de solución. Y les da igual que haya un subterfugio con políticas específicas europeas.
Clavijo abandonó la enésima reunión sobre el particular sin hacer declaraciones. Bueno. A estas alturas, después de tantos condicionantes, dimes y diretes, tras la nueva frustración, es difícil no justificar, no perdonar, no transigir, sino decir algo nuevo, coherente, creíble, viable. El presidente canario como que debe sentirse harto. Y el vicepresidente palpa que el campo se agota. Puede que se estuvieran preguntando, en plena celebración constitucional, qué fue de la solidaridad o qué sentido tiene hablar de ella mientras se suceden las imágenes de la punta del muelle de La Restinga.
¡Ah! Lo que pide Canarias, con cinco mil quinientos menores africanos y asiáticos acogidos: la redistribución de trescientos cincuenta y siete en centros de comunidades peninsulares.
Pero no entienden el problema.
Ni siquiera la rotundidad con que lo expresa el editorial de El País de ayer: “Entre la xenofobia y el tacticismo, España lleva medio año sin resolver un problema cuya solución requiere humanidad, altura de miras y una verdadera política de Estado”.
