POR SALVADOR GARCÍA.- Las miradas están hoy puestas en Caracas -a ver qué sucede- como dentro de nada el retorno de Donald Trump -acompañado de Elon Musk- acaparará la atención informativa, con su cascada de medidas que vaticinan sustanciales cambios en las vidas de todos nosotros. “Que el mundo es una porquería, ya lo sé”, cantó el compositor, dramaturgo y cineasta argentino Enrique Santos Discépolo. A ver cómo queda después de su segundo paso por la Casa Blanca y por nuevos paisajes.
En Canarias, donde esos hechos también interesan mucho, estamos a la espera de saber qué pasará con la modificación de una norma que no es cualquier cosa. Se trata de la Ley de Servicios Sociales que, apoyada en la voluntad de los partidos que apoyan al Gobierno de Canarias, tendrá una nueva orientación: en efecto, serían ahora los ayuntamientos quienes decidieran si continuar ofreciendo la ayuda a domicilio municipal de forma directa, como se ha venido haciendo hasta ahora, o sustituirla por una prestación económica. Los grupos parlamentarios en la oposición y también los colegios profesionales de Trabajo Social de las dos provincias se oponen.
Los socialistas y Nueva Canarias hablan de cambios inconstitucionales y hasta de una ‘cacicada’, al pretender los promotores alterar la denominada ayuda a domicilio y preferir una fórmula que, en su opinión convergente, se sitúa lejos de del sistema público “y se acerca peligrosamente a la privatización”. Estiman que hay previstas en la legislación sectorial varias alternativas que, de llevarse a la práctica, evitarían la modificación del régimen de derechos subjetivos de los potenciales usuarios de este servicio.
Como avanzamos, los dos colegios canarios de Trabajo Social han expresado su discrepancia con los cambios. Ya denunciaron en su día que casi veinte mil quinientas personas en la Comunidad Autónoma -según datos consignados en los balances del Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC), órgano central del sistema estadístico y dentro oficial de investigación del ejecutivo autonómico- dependen del denominado Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), considerado como un recurso esencial que contribuye a mantener la autonomía, dignidad y seguridad, principalmente de personas mayores o discapacitadas.
Atención a las observaciones de los mismos colegios que concluyen que los pretendidos cambios “comprometen la calidad del servicio, dejando en manos de las familias una tarea que requiere conocimientos técnicos y recursos que muchas no tienen. Además, aumenta las desigualdades territoriales, ya que los municipios con menos recursos podrían recurrir sistemáticamente a la prestación económica. Asimismo, inciden, ”privatiza de forma encubierta el SAD, debilitando su carácter público y desvirtuando su función como herramienta preventiva y comunitaria”.
O sea, por asemejarlo a un título cinematográfico, toma el dinero y arreglátelas. Si los ayuntamientos, en general, ya se sentían desbordados e incapaces, con esta fórmula, surge una especie de Ley de Murphy: toda mala situación tiende a empeorar.
Según informa el digital canariasahora.com, más de treinta colectivos se sumaron a la divergencia después de la denuncia de los colegios. “El nuevo modelo, que ya se quiere implantar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consistiría en ayudas económicas que se darían de forma indirecta, es decir, la recibirán las empresas pero figurarán como ayudas que se suman a la renta y, por tanto, el /la usuaria tendría que declarar. El ayuntamiento se desentiende de ofrecer ese servicio trasladando al usuario o su familia la búsqueda del mismo y la relación con la empresa que lo realice”, resumieron.
Que se pone en cuestión, casi automáticamente, la calidad del servicio, no hay más que intuirlo. Que se multiplicarán las desigualdades territoriales, es fácil deducirlo. Que el SAD entra en una fase de incertidumbre máxima y se desnaturaliza su condición de herramienta preventiva y comunitaria, es evidente. O sea: a peor la mejoría.
Y la conclusión: siempre pierden los menos pudientes y los más vulnerables.