Hace apenas unos días, el Partido Popular exigía en el Senado un incremento en la inversión pública para combatir la “alarmante” pobreza infantil que se vive en nuestro país. Un gesto que, en apariencia, podría interpretarse como un compromiso con el bienestar de los menores. Sin embargo, resulta contradictorio que esto lo apliquen para unos sí y para otros no. Ha quedado demostrado con las continúas negativas por parte del PP para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería impulsada con el Gobierno de España, cuyo objetivo principal es garantizar una distribución justa y solidaria de los menores no acompañados en nuestro país para que, al igual que el resto de niñas y niños, puedan disfrutar de las mismas oportunidades en su vida. Porque, para ellos, no todos merecen los mismos privilegios: si no son rubios o vienen de fuera, su bienestar deja de ser una prioridad.
Desde el comienzo de la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez y desde que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asumió el puesto como máximo responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, los esfuerzos por buscar una solución legislativa para atender la situación de estos menores vulnerables han sido incesantes. Fue en el Congreso de los Diputados cuando, por primera vez, los populares tomaron la decisión de no respaldar la admisión a trámite de la proposición de ley en una muestra de falta de compromiso y absoluta insolidaridad, ni siquiera permitiendo su tramitación. No hubo debate, no hubo enmiendas, no hubo negociación. Simplemente, la bloquearon. A estos también se sumaron Junts y Vox, los cuales estos últimos a nadie les sorprende cuando su principal argumento es que para acabar con el efecto llamada sólo hay una solución: “devolver a los migrantes a su país de origen”.
Esta actitud obstruccionista no ha sido un hecho aislado. Durante todo el año se han mantenido multitud de encuentros y reuniones para intentar que el PP volviera a la negociación y que se sumara a un acuerdo mayoritario para buscar una solución estructural a este problema de Estado. Porque, recalco, este es un problema de todos y todas y no solo de unos pocos. En diciembre de 2024, tras la última reunión mantenida entre el ministro Torres, junto al presidente canario, Fernando Clavijo, y los populares, quedó claro, una vez más, que no había voluntad política por parte de la oposición para buscar un poco de luz entre tanta oscuridad. No solo se desentendieron del problema, sino que recurrieron a falsedades para justificar su falta de acción.
El último acuerdo pasa por una modificación estructural para el reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas sin excepción. Sin embargo, esta no ha llegado a las Cortes Generales y el PP ya ha vuelto a mostrar su negativa. Desde el PSOE sabemos que esta reforma no es la solución definitiva a la crisis migratoria, pero sí supone un paso firme hacia un modelo más justo y sostenible. Se trata de una respuesta estructural que ofrece una salida viable y realista a un problema que afecta a Canarias, donde la presión migratoria es una realidad que exige compromisos y no bloqueos partidistas.
Esta estrategia del PP no es nueva. Es un patrón repetido de hipocresía: mientras claman por la protección de la infancia española, rechazan cualquier medida que beneficie al resto de menores. No hay otra explicación para esto que el racismo institucional que subyace en sus decisiones. Distinguen por el color de piel y se olvidan de aquellos que vienen buscando un futuro mejor.
Como apuntaba recientemente el ministro Ángel Víctor Torres en una entrevista, el PP se ha dedicado a “reventar” cualquier intento de acuerdo a través de “mentiras y bulos”, y me reafirmó con sus palabras. Cada vez que hemos dado un paso en firme, ellos han colocado una piedra en el camino y han puesto palos a las ruedas en lugar de aportar soluciones.
El Gobierno de España no se cansará. Seguiremos trabajando para garantizar los derechos de todos los menores, sin distinción de origen, raza, religión ni sexo. La solidaridad no puede ser selectiva, ni puede favorecer más a unos que a otros, y mucho menos, la infancia no puede ser utilizada como arma política. La verdadera pregunta es: ¿hasta cuando el PP seguirá bloqueando el futuro de estos niños y niñas?
Ramón Morales, senador del PSOE por la isla de Gran Canaria
