El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha arrancado este martes al Gobierno de Canarias el compromiso de buscar la financiación necesaria para finalizar tres obras hidráulicas en La Gomera, declaradas hace 17 años de interés general por el Estado, porque es consciente de su importancia para el suministro de agua en la isla.
Así lo manifestó el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Ejecutivo canario, Manuel Miranda, tras ser cuestionado por el diputado regional de ASG acerca de qué solución va a aplicar para culminar estas actuaciones, cuyo coste asciende a 6,3 millones de euros y entregárselas al Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
Según expuso Jesús Ramos, se trata de las obras en el pozo de La Negra, en Alajeró, donde hay varios sondeos y hay que llevar la energía, la galería del pozo de El Altito, en Valle Gran Rey, un municipio turístico, para captar más agua, y los sondeos en la galería de Ipalan, en San Sebastián de La Gomera, con idéntico objetivo, que fueron incluidas en el convenio suscrito con el Estado en el año 2008.
Explicó que son obras inacabadas que “no podemos permitir que sigan sin terminar, porque son primordiales y esenciales para paliar la crisis hídrica que estamos sufriendo y no podemos esperar”.
Manuel Miranda señaló que para llevar a cabo las citadas actuaciones se necesitaba financiación y que el Gobierno de Canarias la está buscando y tratando de negociar con el Estado para poder terminarlas. Mientras tanto, continúa trabajando, por ejemplo, en el encauzamiento del barranco de Vallehermoso o el depósito de Igualero.
Durante su intervención, el titular de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas lamentó el desinterés mostrado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ante este asunto, pues había intentado sentarse con ellos para, a través de las obras planificadas en los planes hidrológicos con los consejos insulares, tratar de convencerles de la necesidad de que sean declaradas de interés general y financiadas por el Estado.