Canarias ha dado un paso más ante uno de sus grandes objetivos. Esta semana, la comisión de estudio sobre el Reto Demográfico y el Equilibrio Poblacional de Canarias, desarrollada en el Parlamento, ha concluido su dictamen, un documento que sintetiza las conclusiones alcanzadas por expertos y grupos parlamentarios que han analizado, desde la legislatura pasada, las principales fortalezas y debilidades del Archipiélago. Se trata de una reflexión profunda sobre el presente y el futuro del territorio, la población, la sociedad y la economía, orientada a definir una hoja de ruta que permita articular una Canarias moderna, sostenible y equilibrada.
En este tiempo, hemos examinado con detenimiento cuestiones fundamentales como el crecimiento demográfico y sus implicaciones en la estructura económica y social del Archipiélago. También hemos analizado el impacto del modelo económico y turístico en el territorio, las dificultades en el acceso a la vivienda y la importancia de una planificación eficiente que garantice la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Todos estos elementos deben ser vistos como oportunidades: oportunidades para corregir errores históricos, consolidar aciertos y construir un futuro mejor y en igualdad de condiciones. No se trata sólo de cuántas personas caben en Canarias, sino de cuántas pueden hacerlo con la mejor calidad de vida, de acuerdo con las circunstancias de cada una de las islas.
El dictamen nos ha permitido identificar las tareas pendientes con claridad, pero el verdadero reto ahora es convertir las conclusiones en acciones concretas. Para ello es imprescindible un compromiso sólido por parte de toda la sociedad y una unidad de acción entre administraciones públicas. No podemos permitirnos que este esfuerzo quede relegado a una mera declaración de intenciones. Canarias necesita una transformación profunda, tanto en la manera de planificar como en la capacidad de ejecutar los cambios que demanda la realidad actual.
La oportunidad que se abre ante Canarias es excepcional. Con una planificación estratégica que determine hasta dónde queremos crecer, como eje vertebrador, el Archipiélago puede liderar un desarrollo equilibrado y sostenible. La simplificación normativa es clave para facilitar proyectos que impulsen la diversificación económica, apostando por sectores emergentes como la economía azul, la innovación, el desarrollo tecnológico y las energías renovables. Estas áreas representan no solo una vía para el crecimiento, sino también un compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de las generaciones futuras.
Pero un desarrollo responsable no solo implica crecimiento económico, también requiere cohesión social y equilibrio territorial. Por ello, es fundamental garantizar inversiones equitativas que favorezcan tanto a los núcleos urbanos como a las zonas rurales, promoviendo la agricultura y la industria local como pilares de una economía más resiliente y autosuficiente.
Además, el acceso a la vivienda sigue siendo una de las cuestiones más urgentes a resolver. La solución pasa por cuatro estrategias complementarias: incrementar la construcción de vivienda pública, agilizar los procesos para que los promotores privados puedan desarrollar iniciativas en las áreas donde el planeamiento lo permita, limitar la compra de vivienda a extranjeros y rehabilitar las más de 211.000 viviendas que están en los cascos municipales. Todo ello, sin olvidar la regulación de la vivienda vacacional que apueste por la excelencia y garantice una convivencia en armonía con el resto de modalidades alojativas.
Es fácil resumir en unas líneas los desafíos que enfrentamos, pero sabemos que la verdadera transformación de Canarias no será tarea sencilla. No basta con un diagnóstico acertado si no existe un compromiso real para llevar a cabo los cambios necesarios. Esta es una responsabilidad compartida entre la sociedad en su conjunto y las administraciones públicas. Es el momento de la política útil y de las decisiones valientes.
