La Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, una vez realizados los trámites oportunos y cumplidos los plazos de depósito, ha destruido un total de 2559 armas depositadas en las diferentes Intervenciones de Armas de la provincia.
Las armas se trasladaron hasta una empresa de fundición de acero, para convertirlas en chatarra mediante el proceso de fundición.
Se redujeron a chatarra un total de 2559 armas, entre revólveres, pistolas, escopetas, carabinas, rifles, armas blancas, armas de fuego antiguas o históricas, etc.
Las armas destruidas se encontraban en los depósitos de las Intervenciones de Armas y Explosivos de esta Comandancia, procediendo de diverso origen; muchas de las cuales habían sido entregadas voluntariamente por sus propietarios, en otros casos, por requerimiento al haber perdido la licencia o no disponer de ella, además de todas aquellas que habían sido utilizadas en la comisión de hechos delictivos, infracciones administrativas, o están catalogadas como prohibidas, y las que no fueron compradas en las subastas
Control exhaustivo del acceso legal a las armas
Actualmente, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.
Estas Unidades controlan exhaustivamente el acceso legal a las armas, para lo cual el Reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales, así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo de las mismas.
Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.
La inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa muy severa, de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta, siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento.
Igualmente, la Guardia Civil, periódicamente, lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas. Algunas de ellas están implicadas en ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción; y otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin. Ello permite que las armas sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.
