El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, ha anunciado esta mañana que el plazo para presentar alegaciones al anteproyecto de actualización de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales de Canarias se amplía hasta el próximo 2 de mayo. “De esta manera”, ha añadido, “pretendemos garantizar la mayor participación posible durante todo el proceso de traducción de esta norma”. Cruz ha concluido en Tenerife la ronda de reuniones en cada isla para presentar al personal técnico el borrador de anteproyecto de Ley, que es fruto de sus aportaciones durante el año pasado. Entre otros objetivos, ha destacado el impulso a la renovación de los polígonos industriales.
El encuentro con personal técnico municipal, insular y de órganos ambientales se ha celebrado en Santa Cruz de Tenerife con la asistencia de Isabel de Esteban, directora insular de Planificación Territorial y Patrimonio Histórico; Alicia Concepción Leichará, directora insular de Proyectos Estratégicos; y la alcaldesa de Arico, Olivia Delgado, en representación de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Ambas entidades han participado de manera activa en el debate y análisis previo para la elaboración del borrador del anteproyecto.
Onán Cruz ha explicado que el documento recoge las aportaciones de más de 700 profesionales que durante 2024 analizaron las necesidades de actualización de la Ley del Suelo, con el objetivo de profundizar en sus principios de simplificación y racionalización. Entre otras, el anteproyecto borrador incorpora la figura del Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), que tiene como objetivo medidas simplificar la mejora de estos espacios, de manera similar a como se desarrollan los actuales planes turísticos de modernización o los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), que tendrán una tramitación más ágil, similar a las ordenanzas municipales. “El objetivo”, ha explicado Cruz, “es optimizar los espacios ya utilizados antes de consumir más territorio”.
El director general ha agradecido al personal técnico de municipios y cabildos sus aportaciones y ha puesto en valor un proceso participativo que ahora se amplía diez días más y mantendrá abierta la posibilidad de presentar alegaciones hasta el próximo 2 de mayo. Esta ampliación, ha indicado Onán Cruz, “representa la voluntad del Gobierno de Canarias de obtener un documento final que refleja el mayor número de aportaciones posibles” y responde, además, “a la transversalidad de normativa que se debate y el gran número de agentes, sectores y materias a los que concierne”.
La directora insular de Planificación Territorial, Isabel de Esteban, ha destacado el alto grado de participación de la Corporación insular durante todo el proceso que “era necesario, sobre todo en lo que tiene que ver con la simplificación de los procedimientos”. Por su parte, Olivia Delgado, ha agradecido a la Consejería “el gran trabajo realizado en el último año, durante el que se ha contado con la opinión de los ayuntamientos, tal y como había solicitado la Federación Canaria de Municipios, pues son los técnicos los que están en el día a día del desarrollo del planeamiento y, por tanto, del desarrollo social y económico de los municipios de Canarias”.
La propuesta presentada en todas las islas descansa sobre ocho principios básicos que tienen como objetivo simplificar el planeamiento, fomentar la renovación del territorio ya ocupado, facilitar la generación de nuevos servicios, la construcción de viviendas y el desarrollo económico y la creación de empleo, entre otros.
Estos ocho bloques son:
- Reducción del contenido de los instrumentos de ordenación.
- Apuesta por la Ordenación Estructural Estratégica frente a la pormenorizada: Se reduce el contenido obligatorio de los planos de ordenación, permitiendo un 40% menos de carga documental en los Planes Generales de Ordenación (PGO).
- Se eliminan distinciones innecesarias entre tipos de aviones territoriales (Parciales y Especiales), simplificando su aplicación.
- Se simplifica el contenido de los Proyectos de Actuación y Mejora Urbana enfocados a rehabilitar los suelos urbanos asimilándolos a las ordenanzas municipales.
2.- Simplificación de trámites urbanísticos
- Se reducen los pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio, eliminando la fase inicial de “Avance” en los Planes Generales de Ordenación (PGO), haciendo el proceso más rápido.
- Se disminuyen los tiempos de exposición pública, apostando por el mínimo establecido en la Legislación Estatal Básica, pasando de una media de unos 210 días a 160 días en la suma de todas las fases.
- Se simplifican procedimientos de otros instrumentos como proyectos de interés autonómico e insular, programas de mejora urbana y ordenanzas municipales e insulares.
3.- Mayor protección del territorio
- Se amplía el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, pasando de 6 a 9 meses para intervenir en infracciones.
- Se endurecen las sanciones por daños ambientales:
- Las multas leves pasan de 60€ a 300€.
- Las muy graves pueden llegar hasta 600.000 €.
- Se crean procedimientos especiales para revertir daños ambientales graves, como los causados por minería o contaminación marina, con intervención directa del Gobierno de Canarias.
- Se amplía el plazo para la prescripción de la sanción urbanística y territorial, ampliándola de los 4 años actuales a 8 años.
4.- Mejora de la gestión urbanística
- Se aclaran normas sobre división de terrenos para evitar confusiones en su aplicación. Separación entre segregaciones (suelo rústico) y parcelaciones (suelo urbano y urbanizable).
- Se permite que la administración acuerde con propietarios la financiación de obras urbanísticas, pudiendo conveniar los gastos de urbanización a cambio de aprovechamiento urbanístico.
- Se establece la “recepción tácita” de las obras de urbanización en casos donde ya exista suministro de servicios públicos (como recogida de basura o agua potable).
- Se redactan de manera más clara las normas que definen los usos ordinarios del para suelo rústico, facilitando su gestión y aplicación.
- Renovación y modernización urbana
- Se simplifican los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), con una traducción más ágil similar a las ordenanzas municipales.
- Se presenta un nuevo instrumento de ordenación llamado Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), enfocado en reformar y modernizar las áreas industriales de Canarias.
- Mayor aprovechamiento de las zonas consolidades, a través de las Actuaciones de Dotaciones, para evitar el consumo de nuevo suelo. Se reducen las cesiones obligatorias de suelo, pasando del 15% al 10%, facilitando la inversión privada en mejoras urbanísticas.
- Fomento de la vivienda pública
- Se aumenta el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública:
- En suelos urbanizables, pasa del 30% al 40%.
- En suelos urbanos consolidados, pasa del 10% al 20%.
- Se incrementa la cesión obligatoria de suelo urbanizable ordenada del 10% al 15%, fortaleciendo el patrimonio público para construir viviendas protegidas.
- Se aclararán las condiciones mínimas para definir los solares, garantizando el acceso a infraestructuras básicas.
- Se clarifican los criterios para modificar el uso del suelo urbanizable, manteniendo la misma filosofía de ordenación, pero permitiendo más flexibilidad, sin consumir más suelo.
- Apoyo a municipios ante el reto demográfico
- Se establecen normas más flexibles para la construcción en suelo rústico de asentamiento, especialmente en municipios con menos de 10.000 habitantes.
- Se eliminan criterios estrictos sobre crecimiento poblacional para evitar el despoblamiento rural.
- Se permite la centralización de servicios básicos para varios asentamientos rurales cercanos.
- Se incentiva el uso de energías renovables y sistemas de depuración autónomas en edificaciones rurales.
- Se declara el apoyo al desarrollo de estos municipios como interés general, lo que facilita la obtención de ayudas y subvenciones.
- Refuerzo al sector primario (agricultura y ganadería)
- Se permite la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre que estén vinculados a una actividad agraria real.
- Se aclararán los usos permitidos en suelo rústico, diferenciando entre actividades principales y complementarias.
- Se autoriza el desarrollo de actividades turísticas en asentamientos rurales, bajo regulación específica.
Se refuerza el principio de «autorizado todo lo que no es té expresamente prohibido», dando más seguridad jurídica y mayor flexibilidad para el sector primario.
