*Román Rodríguez.- En estos momentos el mundo está siendo arrasado por las políticas agresivas de Donald Trump. Con graves consecuencias a nivel internacional. En el ámbito de la seguridad queda cuestionada la Alianza Atlántica por una política unilateral que deja a Europa en situación de enorme debilidad, lo que le obligará a definir su propia estrategia. En materia económica está impulsando una política proteccionista con la amenaza de imposición de elevados aranceles que debilitarán las economías y contribuirán al alza de precios y al empobrecimiento de mucha gente; en principio se aplican solo a China, mientras que se establece una moratoria de 90 días al resto de estados.
Un tsunami que se también refleja en los propios Estados Unidos, con el desmantelamiento de las ya débiles políticas públicas y de cohesión social, además de poner en grave riesgo las libertades y derechos cívicos con su xenofobia, racismo y machismo. Reduciendo, además, la democracia, gobernando por decreto y dejando en un plano completamente secundario a los órganos de representación ciudadana.
El mundo está convulsionado. Son malos tiempos para la paz -con la continuidad de la guerra de Ucrania y el genocidio israelí en Gaza-, para las relaciones de cooperación entre los pueblos y para el avance en el camino de superar la pobreza y las profundas desigualdades entre los seres humanos; así como para la preservación del planeta y el combate, este sí plenamente justificado, contra la crisis climática.
Lejos de ahondar en vías constructivas y superadoras se muestra como una única senda la del rearme, el incremento exponencial del gasto militar y la preparación para la guerra. Como si se hubiera programado borrar de la memoria colectiva los resultados terribles de las dos grandes guerras mundiales del pasado siglo. Los campos de exterminio, los millones de muertos, la destrucción total de infraestructuras, el odio, la miseria y el hambre.
La agenda de la extrema derecha supone una guerra cultural, una batalla en la que intentan imponer sus ideas reaccionarias. Por eso, no se puede dar ni un paso atrás en los avances en igualdad entre mujeres y hombres, tan duramente conquistados. No se puede ofrecer ni una concesión a los discursos y prácticas racistas, xenófobas, homófobas, de odio. Una agenda ultra que tiene, también, un contenido profundamente económico. Se encuentra claramente volcada hacia la drástica disminución del papel del estado y la entrega absoluta a los valores e intereses de los mercados, desprotegiendo a las mayorías sociales y beneficiando, como vemos con el trumpismo, a los megamillonarios.
Unidad democrática
En esas circunstancias, las formaciones progresistas no pueden mirar para otro lado. Se precisa el mayor grado de unidad entre el conjunto de los demócratas frente a la ultraderecha y sus políticas; y, también, la mayor colaboración y entendimiento entre las fuerzas de izquierdas para hacer frente a esa ola reaccionaria que pone en peligro las libertades, el estado del bienestar y la paz. Hay que reconocer que la ultraderecha y su mensaje van ganando espacio cuando consiguen que la humanidad vea con el mayor pesimismo su futuro inmediato. Sin esperanza de revertir el caos que ya se viene produciendo.
En el Estado español los sondeos otorgan ya casi el 17% en intención de voto al espacio ultraderechista. Aunque habrá que ver si este se ve afectado por su abierta justificación de las políticas arancelarias de Trump que tanto perjudican a sectores económicos españoles, aplaudidas por Abascal en una muestra de su muy peculiar forma de entender el patriotismo.
Una ultraderecha que sostienen los gobiernos del PP, como se confirma con su apoyo a las cuentas públicas para 2025 de la Comunidad de Valencia. La derecha tradicional tiembla ante la mordida electoral de los ultras y, lejos de intentar desmarcarse de su programa y práctica, les hace concesiones (en materia migratoria, contra la memoria democrática o respecto a políticas de igualdad entre mujeres y hombres) para mantener gobiernos en distintas comunidades y ayuntamientos.
Progreso y plurinacionalidad
Mientras la izquierda del PSOE, que resultó trascendental -junto a los nacionalismos de Cataluña, Euskadi y Galicia- para evitar un gobierno con apoyo o presencia directa de Vox, vive entre los enfrentamientos interpartidarios y la incapacidad de articular un proyecto ilusionante y unitario que se traduzca en un relevante peso institucional, sin pensar, ni mucho menos, en que sean posibles los resultados del 2015 o 2016.
Está más que constatado que el ciclo iniciado en 2014, con la espectacular irrupción de Podemos en los cómics europeos, hace algún tiempo que concluyó. Los cinco millones de votos que llegaron a alcanzar tanto en 2015 como en 2016, acercándose bastante al resultado que logró el PSOE, son hoy un objetivo imposible. Además, la actual fractura de ese espacio, en Sumar y Podemos, le puede conducir a una representación electoral menor que la actual y, por tanto, completamente insuficiente para ayudar a articular un Ejecutivo de progreso y plurinacional.
¿Y qué sucede en Canarias? A distinta escala, con sus particularidades, se repiten muchas de las situaciones estatales. Con una derecha local, Coalición Canaria, que no tiene ningún problema en gobernar en distintos ayuntamientos con Vox. Y que, no les quepa ninguna duda, también pactaría con la extrema derecha si sus escaños le hicieran falta para establecer mayorías en algún cabildo o garantizar el propio Gobierno de Canarias. En eso, y en otras muchas cosas, se distinguen poco del PP.
El Gobierno de las dos derechas, CC y PP, se caracteriza por adoptar medidas fiscales que favorecen a las rentas más altas y por una penosa gestión presupuestaria. Junto a un desarrollismo sin límites, aceptando sin modificación alguna el modelo actual e insostenible que genera problemas medioambientales, elevado crecimiento poblacional, mayores dificultades para acceder a una vivienda, saturación de los servicios públicos y permanentes atascos, mientras se cronifica la pobreza y somos campeones en bajos salarios.
Además el PP canario, que forma parte del Ejecutivo de las Islas, ha sido incapaz de apoyar una solución justa y humanitaria a la distribución de los menores inmigrantes no acompañados, traicionando a Canarias, despreciando la situación y expectativas de esos niños, y alineándose con el discurso de la extrema derecha. Boicoteando el proceso de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería (ley orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) durante más de un año, mientras CC blanqueaba al PP y repartía, injustamente, responsabilidades. La reforma sale adelante por el voto del bloque progresista y plurinacional, frente al rechazo de PP y Vox.
Por otra parte, el voto progresista que no fue al PSOE tuvo su máxima expresión en las autonómicas de 2015, alcanzando entonces el 25%, y se quedó en torno al 16% en 2023. Se trata de un espacio que hoy aparece disperso y que corre el riesgo de disminuir, facilitando la cómoda continuidad del actual ejecutivo conservador y de sus políticos. Se precisan frentes muy amplios con programas consensuados de mínimos. Y un ejercicio de generosidad por todas las partes.
En ese marco, poco aleccionador, ofrecen afortunadamente destellos de esperanza distintas iniciativas de la sociedad civil, como el movimiento contra la especulación ya favor de una vivienda digna y asequible, los colectivos que centran su trabajo en la defensa de los servicios públicos o por la paz y la neutralidad de Canarias, los volcados en la solidaridad, el feminismo o algunas reclamaciones laborales. Y, asimismo, las personas y grupos que se oponen al modelo desarrollista y plantean una Canarias con un crecimiento turístico modulado que reparta mejor la riqueza que se genera en las Islas y respeta nuestro territorio y medioambiente, así como la identidad de nuestros barrios. Lo que llevó a importantes movilizaciones hace un año, que ahora pueden repetirse ante la absoluta inacción del Gobierno de Canarias.
Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).
