La reciente convalidación por parte del Congreso de los Diputados del Real Decreto que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería supone un avance histórico en la gestión migratoria de nuestro país. Y, sobre todo, es un alivio largamente esperado para Canarias, que durante años ha cargado en solitario con la tutela de millas de menores migrantes no acompañados.
Esta modificación, que establece un sistema obligatorio y equitativo de distribución de estos menores entre todas las comunidades autónomas, no llega por casualidad ni es fruto de la improvisación. Es el resultado de un esfuerzo sostenido, constante y muchas veces silencioso que hemos liderado desde Canarias. Hemos llamado a todas las puertas, hemos solicitado con firmeza pero con respeto la implicación del Estado y del resto de comunidades, y hemos defendido siempre una corresponsabilidad que, por fin, se convierte en norma.
Pero, sinceramente, ¿cuántos años han tenido que pasar para que se nos escuche de verdad? ¿Cuánto tiempo hemos perdido mientras las islas gestionaban solas la acogida de más de 5.800 menores? ¿Cuántos informes, cuántas comparaciones, cuántos llamamientos han sido ignorados?
Durante todo este tiempo, esos niños y niñas han vivido en condiciones límite. No porque Canarias no haya querido atenderlos, sino porque nuestros medios no siempre han sido suficientes. Hemos triplicado nuestra capacidad de acogida, abiertos centros de emergencia, movilizado recursos humanos y materiales como nunca antes. Pero la realidad es tozuda: una región no puede asumir sola lo que es un desafío nacional y europeo.
La modificación de este artículo es mucho más que un cambio legal. Es un cambio moral. Porque la solidaridad no puede depender del color político de un gobierno autonómico ni de si los focos mediáticos están encendidos o no. La solidaridad debe ser ley. Y ahora lo es.
Aplaudo el trabajo del Gobierno de Canarias, de sus servicios jurídicos y de todas las fuerzas políticas que, dejando a un lado diferencias, han entendido que este asunto no admite más dilaciones. También reconozco el esfuerzo de quienes, desde el Gobierno de España, han entendido que Canarias no puede ser el muro de contención migratoria de Europa.
No obstante, no podemos bajar la guardia. Esta reforma debe aplicarse con rigor y humanidad. Debe garantizar que cada menor reciba una atención digna, adaptada a sus necesidades, y que ninguna comunidad se escude en argumentos políticos para incumplir su deber legal y ético. Canarias seguirá vigilante, exigiendo transparencia, seguimiento y una financiación justa para que la acogida no sea una carga, sino una oportunidad para demostrar que este país sabe estar a la altura.
Hoy, por fin, podemos decir que empieza una nueva etapa. Una etapa de corresponsabilidad, de justicia y de humanidad. Ojalá nunca más tengamos que lamentar que se nos escuche tarde. Porque cuando se trata de infancia, cada día cuenta. Y cada silencio, duelo.
