La política en Canarias hace tiempo que dejó de ser un instrumento para mejorar la vida de la gente. La aprobación del Decreto ley 4/2025 por parte del Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo con el respaldo del Partido Popular, es la confirmación de que se ha cruzado una línea roja que compromete no solo la democracia municipal, sino el propio derecho a la ciudad y al territorio. Es el penúltimo paso en un proceso sistemático de privatización encubierta de lo público. Canarias tiene un límite, y lo acabamos de rebasar.
Este decreto permite que informes técnicos necesarios para obtener licencias de obra ya no tengan que elaborarlos los funcionarios municipales, sino que puedan encargarse a empresas privadas contratadas y pagadas por los propios promotores. Estos informes sustituirán a los públicos en los aspectos favorables y tendrán efectos jurídicos inmediatos. ¿Qué puede salir mal? Absolutamente todo.
Estamos ante un cambio radical que, de forma silenciosa, transforma nuestro modelo de control urbanístico en un mercado de favores técnicos. Es un urbanismo a la carta, donde el promotor no solo proyecta y financia, sino que también redacta el juicio técnico que legitima su propia actuación. Esto no es agilización, es corrupción estructural.
El Gobierno justifica esta barbaridad apelando a la emergencia habitacional. ¿Y cómo responde a esa emergencia? ¿Recuperando las más de 200.000 viviendas vacías en Canarias? ¿Expropiando los pisos en manos de fondos buitre? ¿Regulando el alquiler vacacional, que está expulsando a la gente de sus barrios? No. La respuesta del Gobierno es facilitar aún más la construcción sin control, favoreciendo intereses privados, bajo el disfraz de lo urgente.
La emergencia habitacional se ha convertido en la excusa perfecta para impulsar un modelo de ocupación del territorio basado en la especulación. Construir sin planificación, sin participación, sin garantías. La vivienda no se concibe como un derecho, sino como un negocio. Una mercancía más dentro del engranaje económico de Canarias, donde el cemento vale más que la dignidad.
Uno de los elementos más preocupantes del decreto es que el informe que realiza una empresa contratada por el promotor no necesita ser ratificado por la administración. En otras palabras: el informe encargado y pagado por el interesado sustituye al control público. Es como si en un juicio el acusado pudiera contratar al perito que emite el informe que luego determina su condena o absolución, sin que el juez pueda contrastarlo. Es una aberración jurídica, ética y democrática.
Además, el artículo 103 de la Constitución Española deja claro que la administración debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al interés general. ¿Cómo puede sostenerse ese principio cuando se legitima que empresas privadas tomen decisiones que afectan al uso del suelo, al modelo de ciudad, al acceso a la vivienda?
Esto es prevaricación estructural. No hace falta que un político dé una orden ilegal concreta. Basta con crear un sistema que favorezca el abuso, que institucionalice el conflicto de intereses y la opacidad. Y eso es exactamente lo que hace este decreto.
Los ayuntamientos pierden una de sus competencias más delicadas y decisivas: el control del urbanismo. Lo que antes dependía del criterio técnico de un arquitecto o ingeniero municipal, ahora podrá depender de una empresa contratada por una promotora. La política local queda así secuestrada por el dinero. El interés general cede ante el interés del mercado.
Aunque el Decreto no menciona directamente espacios protegidos como el Parque Nacional del Teide, su aplicación práctica sí amenaza a muchos otros territorios valiosos, especialmente los parques rurales de Canarias, donde el uso humano es más permisivo y, por tanto, más vulnerable a la presión urbanística.
Espacios como Anaga y Teno en Tenerife, Tamadaba en Gran Canaria, Nublo, Doramas, Jandía en Fuerteventura, el Macizo de Famara en Lanzarote o el Parque Rural de La Palma, entre otros, podrían verse afectados por esta norma. En estos enclaves, la desregulación que permite informes privados pagados por promotores sin control público real puede abrir la puerta a rehabilitaciones con fines turísticos, ampliaciones encubiertas, o infraestructuras que destruyen valores culturales, ecológicos y paisajísticos únicos.
La llamada “emergencia habitacional” se puede utilizar como excusa para actuar incluso en entornos frágiles, presentando proyectos de supuesta utilidad social que en realidad responden a intereses económicos. Cuando se eliminan los filtros técnicos públicos y se privatiza el control, hasta los paisajes más emblemáticos pueden ser vendidos por tramos.
Los grandes promotores. Los fondos de inversión. Las constructoras que ya tienen en sus despachos los planos de las próximas urbanizaciones que se van a levantar en suelo rústico, protegido o saturado. Ellos son los verdaderos ganadores de este decreto. Porque mientras la gente espera años por una vivienda pública, ellos obtendrán licencias en tiempo récord, con informes exprés y sin obstáculos.
Por eso hoy más que nunca, decimos alto y claro que este pueblo tiene un límite. Y lo vamos a defender. El próximo 18 de mayo, el pueblo canario está llamado nuevamente a las calles para gritar que no solo han sobrepasado todos los límites, sino que se ríen en nuestra cara. Es momento de que la indignación se convierta en fuerza colectiva. Y de que la resistencia ciudadana vuelva a marcar el rumbo.
Apoyar a quienes luchan es hoy más importante que nunca. Porque si nos resignamos, nos lo quitan todo. Y si peleamos, todavía estamos a tiempo de recuperar lo que nos pertenece.
Canarias tiene un límite. Y este pueblo no se va a quedar callado.
