El Gobierno estima que el ingreso mínimo vital llegará a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores. Además, el Ejecutivo calcula que el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales y, de ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer, según han adelantado a Europa Press fuentes del Gobierno.
Así pues, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que este viernes, al anunciar la medida, que es «un día histórico para la democracia» porque «hoy nace un nuevo derecho social en España».
Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital que explicaremos a continuación en detalle y que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la ley de dependencia (en 2006)», ha destacado Iglesias durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinarios.
Iglesias ha avanzado además que las personas que acusen una situación de pobreza sobrevenida como consecuencia de la crisis del Covid-19 se pueda acoger también a este ingreso, una reivindicación de las organizaciones que trabajan en la lucha contra la pobreza. En este sentido ha explicado que el acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Respecto a los ingresos, los totales del año anterior deberán ser inferiores a la renta garantizada anual.
Por ejemplo, según ha dicho, en el caso de una unidad de convivencia con dos adultos y dos menores, sus ingresos en el año anterior no deben superar los 10.500 euros. «Y también se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que en términos anuales estarían por debajo de la renta garantizada. Esto permitirá atender a las personas que se hayan visto afectadas por una situación de pobreza sobrevevenida a causa de la COvid-19″, ha añadido.
Según Iglesias, esta posibilidad ha llevado «mucho trabajo» al Gobierno porque normalmente se tienen en cuenta las rentas del año anterior. Sin embargo, ha insistido en que la crisis del coronavirus, con sus consecuencias económicas y sociales, se ha producido en 2020. «Por eso hemos estado trabajando mucho», ha insistido.
Iglesias, ha reconocido así que «podría haber cosas mejores» pero ha insistido en que está «satisfecho», sobre todo, «dada la situación» y teniendo en cuenta que esta prestación «ha tenido muchas resistencias por parte de grandes poderes económicos y mediáticos» y que, según ha recordado, fue «definida por la oposición -en referencia a Vox- como ‘la paguita'».
Tasa de pobreza
Iglesias ha recordado la visita del relator de la ONU sobre pobreza, Philip Alston que «sacó los colores» a España. Antes de la pandemia, según ha precisado, el país ya tenía «una elevadísima tasa de pobreza» y ahora «se ha agravado», lo que ha llevado al Gobierno a «acelerar» la implementación de este ingreso mínimo vital.
Tras destacar el «excelente» trabajo con el equipo del ministro José Luis Escrivá, Iglesias también ha agradecido a todas las redes de solidaridad, bancos de alimentos, ONG, Tercer Sector y parroquias, entre otras, por ofrecer una red de seguridad a las familias en situación de necesidad. «El ingreso mínimo vital es una medida de justicia social y de eficiencia económica. Se toma en serio uno de los fundamentos de la democracia, que es la redistribución de la riqueza», ha subrayado Iglesias.
Además, ha indicado que es un instrumento «especialmente útil para luchar contra la pobreza infantil» y ha añadido que es una medida «absolutamente imprescindible» para la recuperación económica porque «los recursos no van a acabar en un paraíso fiscal sino que van a ir directamente al consumo».
A su juicio, el ingreso mínimo vital es también «una cuestión de libertad» porque «no hay libertad si no se llega a fin de mes». Finalmente, lo ha definido como «una victoria de todos los colectivos y personas anómicas que han trabajando durante muchos años» incluso, según ha dicho «recibiendo insultos y descalificaciones».
¿Qué es el ingreso mínimo vital?
El ingreso mínimo vital es una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. El objetivo es reducir la tasa de pobreza en España. Para ello, se fijará un umbral para cada tipo de hogar -que dependerá del número de miembros, y con un complemento adicional para las familias monoparentales-. Una vez analizadas las rentas que tenga ese hogar, el ingreso mínimo vital cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar.
Las cuantías de la prestación oscilarán entre unos 460 euros al mes en 12 pagas -el equivalente a una pensión no contributiva para un adulto solo-y 1.000 euros al mes en 12 pagas, algo menos que el salario mínimo interprofesional.
¿Quién puede solicitarlo?
Según un borrador del Proyecto de Real Decreto-Ley por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital para acceder a la prestación, se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular.
Si bien, se contemplan algunas excepciones como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos, a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.
Asimismo, según este borrador, en caso de que el solicitante de la prestación esté emancipado, su edad mínima deberá ser de 21 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. El límite de edad para percibirla serán los 65 años.
También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
Además de analizar las rentas, el ingreso mínimo vital también hará un «test de riqueza», algo «bastante poco común» en España, pero sí «habitual» en otros países, según precisan las mismas fuentes. Esto significa que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual. Con ello, se asegura el acceso a personas «realmente vulnerables» y no sólo a personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez pero, por ejemplo, con «un considerable patrimonio inmobiliario».
Por otro lado, el ingreso mínimo vital será compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, de forma que fijará un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos y las CCAA podrán complementar estos ingresos, en la forma en que ellas lo consideren oportuno.
Incentivo al empleo
Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un «incentivo» al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.
Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
El Gobierno ha estimado que el coste de la renta mínima se elevará a unos 3.000 millones de euros al año que serán financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado. El ingreso mínimo vital podría complementarse, además, con otras rentas salariales, así como con otras prestaciones de las comunidades autónomas.
Según indicó la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua, en un debate organizado por Oxfam Intermón este lunes, el objetivo que se plantea el Gobierno con la aprobación del ingreso mínimo vital es «reducir la pobreza severa en torno a un 80%» en España.
Gestión por comunidades autónomas
En cuanto a la negociación con las comunidades autónomas, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV por el cual el País Vasco y Navarra asumirán los trámites de esta prestación. A raíz de conocerse este pacto, otras comunidades han pedido que también se les transfiera la gestión del ingreso mínimo vital, como Cataluña o Galicia, o han pedido la «cogestión» del mismo, como en el caso de la Generalitat Valenciana.
También está dispuesto a asumir la gestión del ingreso mínimo el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha asegurado que «no se entendería» que entre las comunidades autónomas hubiera diferencias, una idea en la que también ha insistido el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha rechazado la decisión de ceder la gestión de esta prestación a País Vasco y Navarra porque «ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas».
Igualmente se ha quejado por esta decisión la consejera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, que en todo caso ha considerado «arriesgado» que Baleares gestione al 100% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).´
