La Comisión Europea ha enviado este viernes un ultimátum a España para que actualice los planes de riesgo de inundaciones para las demarcaciones hidrográficas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife; una obligación que debería cumplir ya desde 2015 y por cuyo incumplimiento España ha sido condenada el pasado abril por el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
El aviso tiene forma de una carta de emplazamiento que da dos meses a las autoridades para reaccionar a las preocupaciones expuestas por Bruselas, que avisa en un comunicado de que si no cumple con la primera sentencia llevará de nuevo a España ante la Justicia europea.
La sentencia del Tribunal con sede en Luxemburgo condenó a España en abril por incumplir no sólo el plazo establecido en la directiva para publicar y notificar los planes de gestión de inundación de Canarias, sino también la fecha límite que había especificado la Comisión Europea como ultimátum antes de elevar el caso a la Justicia europea: el 24 de septiembre de 2018.
Tras el fallo de Luxemburgo, España ha cumplido lo dictado en lo que se refiere a La Gomera pero sigue sin haber establecido, completado, publicado y comunicado los planes para la gestión de riesgos por inundaciones para el resto de islas del archipiélago.
El Ejecutivo comunitario apunta que España espera cumplir finalmente con todos los planes «entre noviembre de 2020 y marzo de 2021», pero advierte de que dado que la rendición de cuentas en materia medioambiental es un elemento clave para asegurar la correcta aplicación de las reglas ha decido lanzar este ultimátum.
La Comisión, además, ha anunciado la apertura de otro expediente sancionador contra España en relación a las normas europeas que obligan a contar con planes de riesgo de inundaciones a los Estados miembros, así como a cumplir otras exigencias reguladas por las directivas de estándares de calidad medioambiental o la de inundaciones.
En lo que a los planes de riesgo de inundaciones se refiere, los Estados miembro no solo tienen la obligación de diseñarlos y aplicarlos, sino también de actualizar la información que existe sobre ellos para asegurar que tanto el Ejecutivo comunitario como la opinión pública están informados.
En este caso, Bruselas también ha expedientado a Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania y Malta, a los que da igualmente un plazo de dos meses para corregir la situación o iniciará la segunda fase del procedimiento de infracción que, en última instancia, puede llevar el asunto ante el TUE.
