Nuestros padres y abuelos siempre nos han contado que lo más difícil en una guerra es la posguerra, pues las secuelas que dejan los conflictos bélicos en la sociedad son muy difíciles de eliminar por completo. Son las cicatrices de unos tiempos complicados marcados por la muerte y la desolación que dan paso a la incertidumbre ante los aconteceres de un futuro cercano.
El planeta entero está sintiendo ya los efectos secundarios que nos deja esta guerra que hemos librado contra un virus, sólo visible a ojo de microscopio. Y es que, a pesar de que aún no podemos dar por terminada esta intensa contienda, ya están aflorando en nuestra sociedad las secuelas que ha dejado a su paso, que no son otras que un aumento exponencial de la pobreza y la exclusión social.
La lucha debe sustentarse ahora en el fortalecimiento de las administraciones públicas para desplegar un potente escudo social que proteja a la ciudadanía y, en especial, a los más vulnerables. En este objetivo, la fuerza del sector público cobra una mayor trascendencia para salvaguardar los maltrechos bolsillos de las economías familiares que hacen auténticos encajes de bolillos para sobrevivir a final de mes.
Por ello, todas las ayudas que reciban las administraciones canarias procedentes del Estado y de Europa son cruciales para lograr unos servicios públicos esenciales que soporten los golpes de esta crisis socioeconómica en la que estamos inmersos. Ahora bien, toda esta lluvia de dinero que nos llegará en los próximos meses precisa de encomiables gestores que garanticen que cada euro se traduzca en mejoras reales para la ciudadanía. En este momento debe prevalecer la coherencia y sentido común para invertir en la mejora de la calidad de vida de nuestra gente, y por supuesto, de aquellos que peor lo están pasando.
Las ONG no pueden librar solas esta difícil carrera contra la pobreza y la destrucción de empleo, por lo que Gobierno, Cabildos y Ayuntamientos deben estrechar, más que nunca, sus lazos de cooperación para avanzar con paso firme en esta estrategia de recuperación. Cada vez son más las personas que se ven empujadas a tocar la puerta de estos organismos para buscar ayuda pero lo cierto es que las ONG no dan a basto, están desbordadas y claman a su vez por más recursos públicos.
En Canarias, esta compleja situación se endurece en mayor medida debido a los problemas estructurales que soportan las islas desde hace décadas que lastran la capacidad de crecimiento económico, a lo que se suma el aumento demográfico y el envejecimiento poblacional de nuestro territorio. Todos estos factores nos dibujan un Archipiélago con 277.000 personas en desempleo y 76.000 en situación de ERTE, por lo que la ayuda no debe hacerse esperar, de hecho ya son muchas las empresas y autónomos que respiran hoy algo más aliviados gracias a los 1.144 millones de euros que han arribado a las Islas procedentes del Estado.
Las administraciones públicas deben estar a la altura del intrincado panorama socioeconómico actual, activando los mecanismos necesarios para mejorar el protocolo de respuesta, para ser más eficientes y en definitiva, para mejorar la vida de la ciudadanía y de ese 35% de la población que está en riesgo de pobreza y exclusión social. Todas las políticas deben estar encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las personas, por lo que el grueso de los fondos públicos debe destinarse a tal fin, al tiempo que se impulsa la actividad en los sectores productivos para iniciar la senda de la recuperación.
No es momento de esconderse debajo del ala sino de desplegar un potente escudo social que no deje a nadie desprotegido. Es el momento de afrontar los duros efectos de la pandemia, al tiempo que aportamos ilusión renovada para rellenar esas profundas secuelas que nos deja la posguerra del virus.
