El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, urgió, en la sesión plenaria de este martes, a abrir el debate en el Gobierno central acerca de la necesidad de revisar el sistema de financiación autonómico, pues el actual, que es de 2009, no cumple con el principio de suficiencia financiera de las competencias transferidas, ni compensa los déficit sociales, que se han agravado debido a los efectos de la pandemia.
Si bien, reconoció que en estos momentos todos los esfuerzos están centrados en afrontar las secuelas que deja la pandemia en el ámbito socioeconómico de las Islas, estimó conveniente que la revisión del sistema de financiación autonómica ocupe un lugar destacado en la agenda del Gobierno, con el objetivo de que se acometa lo antes posible para responder a la realidad actual. “Canarias lo necesita más que nunca, pues cuenta con los peores indicadores sociales del país respecto a tasa de desempleo, índice de pobreza y exclusión social”, precisó.
Por ello, pidió al presidente del Ejecutivo autonómico que aproveche la celebración de la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos, prevista para el mes de julio y en la que abordarán los fondos europeos, para que también ponga sobre la mesa este asunto, que a su juicio, adquiere una mayor relevancia debido al aumento significativo del gasto social, derivado de la crisis económica y sanitaria. “Los servicios esenciales consumen mucho más ahora que antes de la pandemia, ya que engloban el 70% de los 8.474 millones de euros de presupuesto no financiero de Canarias”, explicó.
Además, recordó que a este factor se suma el incremento demográfico que han experimentado las Islas en estas dos últimas décadas, pues entre el año 2000 y 2020, la población en Canarias ha crecido el 30,8%, lo que supone 528.000 habitantes más, que son consumidores potenciales de los servicios esenciales. “Una situación que se agrava debido al aumento de la población mayor de 65 años, que afecta en mayor medida a las Islas no capitalinas”, precisó.
Por todas estas circunstancias, entendió del todo acertado, “trasladar esta necesidad a Madrid para acordar un nuevo sistema de financiación más justo y solidario, pues con el actual, dejamos de percibir unos 3 mil millones de euros”. “Son los parámetros sociales de cada comunidad autónoma los que deben servir de pauta para impulsar un mecanismo que permita a cada región un desarrollo socioeconómico más equitativo”, reiteró.
