La salida de Vidina Espino de Ciudadanos ha llevado a Nueva Canarias a solicitar al Consejo Consultivo que analice las prerrogativas que tienen los diputados del grupo Mixto que, al abandonar la formación política con la que concurrieron a las elecciones, mantienen intactos todos sus derechos, incluidos los económicos. El portavoz parlamentario, Luis Campos, y la vicepresidenta primera de la Mesa, Esther González, observan un vacío en el Reglamento del Parlamento que genera un “agravio comparativo” con el resto de parlamentarios en la misma situación, que pasan a tener la consideración de tránsfugas y, por tanto, de no adscritos; y ven restringida su capacidad de intervención en las labores del legislativo y en las asignaciones económicas recibidas por grupo.
Campos y González, que han registrado un escrito junto a Sí Podemos Canarias, recuerdan que el artículo 27 del Reglamento de la Cámara fija que los diputados que se vayan de un grupo o sean expulsados del mismo pasan a tener la consideración de no adscritos, lo que supone una “importante limitación” de sus derechos. Sin embargo, estos dos supuestos “no serán de aplicación a quienes integren” el Mixto, según se especifica en el punto 3 del mismo articulado, lo que implica que Espino “mantiene intactos todos los derechos” desde el sueldo por exclusividad, dietas, capacidad de intervención en los plenos y comisiones y demás perrogativas que se les reconoce.
Para NC, los miembros del Mixto gozan de una situación privilegiada o, dicho de otra forma, con la composición del Legislativo en esta X Legislatura, se produce un “agravio comparativo” con el resto de parlamentarios. En opinión de NC, esta situación “choca” con el Pacto Antitransfuguismo, actualizado en noviembre de 2020.
Para González y Campos, tránsfugas son quienes abandonan o son expulsados de la formación política con la que concurrieron a los comicios. Por ese motivo, piden que el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, en base al artículo 144 del Reglamento, solicite un dictamen al Consultivo con el objetivo de que “se aclaren las dudas interpretativas, antinomias jurídicas o vacíos normativos” en el Reglamento que se “pudieran ponerse de manifiesto” con el fin de cumplir el pacto Antitransfuguismo y evitar un trato desigual con el resto de parlamentarios.
