Intersindical Canaria denuncia que el grupo actual de gobierno regional conformado por la coalición de izquierdas entre PSOE, Podemos, Nueva Canarias y ASG “perpetúa” las mismas políticas de externalización de los servicios públicos sanitarios, “continuando con idénticas directrices que los anteriores gobiernos de Coalición Canaria”.
El sindicato señala como ejemplo una instrucción firmada por el Director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, por la que establece el procedimiento a seguir para la solicitud, tramitación y gestión de la prestación sanitaria al paciente con daño cerebral adquirido, en la que incluye hasta el proceso de hospitalización, lo que consideramos una aberración y despilfarro de dinero público.
“La rehabilitación funcional es muy costosa y externalizar significa que importantes sumas de dinero público terminen en manos privadas”, se apunta desde Intersindical Canaria. Esta “maniobra aflora justo en este momento en el que los profesionales del sector público empezaban a ver, tras años de constante lucha, reforzados sus servicios e incluso se comenzaban a proyectar planes estratégicos de mejora de la atención sanitaria en este ámbito”, señalan.
A esto se le une el constante crecimiento de la lista de espera de los servicios de rehabilitación públicos “debido a la pésima gestión y al escaso interés que ha existido por parte de los distintos gobiernos de invertir en esta área que resulta imprescindible en la cobertura sanitaria pública”, opinan.
Así, insisten en que “mientras que los recursos de los que dispone el sistema sanitario público son escasos, manteniendo infradotadas nuestras infraestructuras en horarios como los de tarde o festivos, la empresa privada ofrece asistencia a todas horas del día, sin que existan inspecciones ni controles eficaces sobre la calidad de los servicios que ofertan”.
Algo que siempre ha caracterizado a los servicios públicos de rehabilitación es, a juicio de Intersindical Canaria, es la carencia de profesionales y la falta de organización efectiva de los recursos existentes, lo que ha generado durante décadas largas listas de espera con el objetivo de seguir concertando con empresas privadas que han crecido gracias a esto. “Una nueva forma de generar negocio para los mismos de siempre, con un sistema perverso, que coloca el interés económico por encima del interés del paciente”, recalcan.
Desde la organización sindical consideran “inadmisible que las viejas prácticas sean mantenidas por un gobierno que se considera de izquierdas y progresista y que ha criticado, mientras estaba en la oposición, este tipo de políticas, además de haberse comprometido a revertir estas privatizaciones”.
Sin embargo, aseguran que “no nos sorprende tras la colocación al frente del Servicio Canario de Salud al mismo director que tenía el anterior Consejero de Sanidad, quien mantenía claros vínculos con la empresa privada. No nos equivocábamos cuando decíamos aquello de que pusieron al lobo a cuidar a las ovejas, y ahora tampoco al afirmar que da igual el color político y lo que se defienda en la oposición, al final se trata “del mismo perro con distinto collar”.
Ante todo esto, IC ve “más necesario que nunca” una movilización por parte de la ciudadanía “para no tener que asumir que el interés político y económico de unos pocos, esté por encima de nuestra salud”.
