niciativa por La Gomera (IxLG) ha denunciado públicamente hoy que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pone impedimentos y trabas burocráticas a la realización de la manifestación de voluntades anticipadas en materia de la propia salud en islas no capitalinas como La Gomera. El portavoz de la formación política progresista, Aarón Rodríguez Ramos, ha recordado que tanto la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; como la Ley 1/2015, de 9 de febrero, de los derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida; regulan el ejercicio del derecho que asiste a toda persona a decidir sobre las actuaciones sanitarias de las que pueda ser objeto en el futuro en el supuesto de que, llegado el momento, no goce de la capacidad de consentir por sí misma.
En la actualidad, este trámite se puede realizar de dos maneras ante la administración pública autonómica: por un lado a través de la documentación que se remite desde la administración pública mediante correo postal para que lo rellene la persona que ejerce los derechos y lo presente en la Notaría de su elección; y por otro lado ante el personal del Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV), dependiente de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, para lo que se solicita en islas como La Gomera reunir a un mínimo de 5 personas para realizarlo de esta última forma. Sin embargo, si una persona solicita la primera forma anteriormente descrita, se encuentra con que la agenda está “bloqueada” desde hace casi un mes, sin que se renueve ni se prevea cuándo habrá disponibilidad para ejercer este derecho.
“El trato desigual que da la Consejería de Sanidad para el ejercicio de este derecho dependiendo de la isla donde viva la persona que lo solicita es una auténtica vergüenza, que demuestra que todavía para este ejecutivo autonómico hay canarios de primera y canarios de segunda”, lamenta Rodríguez Ramos, que denuncia que si la persona vive por ejemplo en La Gomera debe reunir a otras cuatro personas más para poder ejercer este derecho ante un funcionario o funcionaria pública. “Están condicionando el ejercicio de un derecho individual a conseguir un número mínimo de personas para poder ejercitarlo. De esta manera se pervierte el rol de la administración pública, que es servir a los ciudadanos y ciudadanas, para que sean estos los que sirvan a la administración y no le “molesten demasiado” ejerciendo sus derechos”, denuncian desde Iniciativa por La Gomera.
Desde Iniciativa por La Gomera (IxLG) señalan que mientras desde el Estado se avanza a través de nuevas normas que pretenden garantizar teóricamente el derecho de las personas a una muerte digna; en Canarias la burocracia administrativa dificulta el ejercicio de los derechos básicos en materia de salud pública y asistencia sanitaria.
