La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, ha traslado este viernes al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, la necesidad de convocar nuevas ayudas del Bono de Alquiler Joven en las islas, para facilitar el acceso de la población joven del archipiélago a la vivienda de alquiler.
Además, arrancó al consejero el compromiso de negociar con el Estado la revisión tanto de la cuantía de las ayudas, en la última convocatoria 250 euros al mes durante 24 meses, como el rango de precios de los alquileres que pueden acceder a ellas, 600 euros al mes, un importe que no se ajusta a la realidad actual de las islas.
Según recordó, “el Estatuto de Autonomía de Canarias recoge de forma expresa que los poderes públicos de las islas deben garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna, poniendo especial atención sobre aquellos colectivos sociales más vulnerables”.
Aseguró que uno de estos colectivos es el de los jóvenes, quienes, “junto a las complicaciones que encuentran para incorporarse al mercado laboral, deben realizar un sobre esfuerzo para pagar el alquiler de la vivienda, lo que está provocando un notable retraso en la edad de emancipación y hace necesarias medidas de apoyo para aliviar esta situación”.
Apuntó que una de estas medidas es el Bono de Alquiler Joven, con el que, además de impulsar el acceso de la población joven a la vivienda de alquiler, se pretende contribuir a las diversas acciones dirigidas al reto demográfico como, por ejemplo, la despoblación, el envejecimiento, la dispersión territorial, las migraciones, la caída de la fecundidad y la baja natalidad”.
Melodie Mendoza se interesó por las futuras convocatorias de ayudas, así como por si estaba garantizada la correspondiente dotación presupuestaria por parte del Estado para hacer frente a los abonos, al no tener presupuestos este año y estar prorrogados los del anterior.
Igualmente, se hizo eco de las quejas vertidas por algunos beneficiarios, por los correos recibidos desde la Cámara de Comercio de Fuerteventura, instándoles a la devolución de las cantidades recibidas hasta octubre del 2023, debido a un supuesto error en las transferencias. Una petición efectuada, dijo, sin ir acompañada de una comunicación oficial explicando lo ocurrido y donde tuvo que intervenir la Diputación del Común para buscar una solución
