El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado suspender el protocolo de atención a menores migrantes no acompañados de Canarias en línea con la petición de medidas cautelarísimas que había planteado la Fiscalía Superior de Canarias por vulneración de derechos.
El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, hecho público este viernes, da al Gobierno regional un plazo de tres días para que “alegue lo que estime procedente” y reconoce que “concurren circunstancias de especial urgencia” para validar la petición de la Fiscalía.
La Sala aclara en su argumentación que “no es momento” de evaluar la legalidad o no del protocolo elaborado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia solo si hay “especial urgencia” para dictaminar la suspensión.
En ese sentido, expone que “no se incluye entre las disposiciones incorporadas al Protocolo Territorial una previsión expresamente encaminada al establecimiento del momento de inicio de la eficacia –o entrada en vigor– de las actuaciones dispuestas por el mismo por lo que, a falta de una previsión de la indicada índole, nada parece impedir que se pueda pretender la exigibilidad de tales actuaciones de forma inmediata, esto es, a partir del momento mismo de la publicación oficial del Protocolo”.
