El acuerdo para la reforma legal que haga posible la acogida corresponsable de los menores inmigrantes llegados a Canarias ha marcado la agenda política de las Islas durante meses. Durante todo este tiempo, el acuerdo pareció maduro en junio pasado, se atascó en julio, permaneció hibernado en agosto y está viviendo en septiembre momentos de zozobra, desde el pesimismo más absoluto hasta la ventana de oportunidad que parece haberse abierto en los últimos días, tras las gestiones del presidente canario ante varios ministros, posterior a su acuerdo con el líder del Partido Popular. Pero no podemos engañarnos a estas alturas: ha llegado la hora de la verdad, es preciso avanzar hacia algo más que un diálogo sobre un posible acuerdo. Es necesario alcanzar el acuerdo mismo, lo necesitan los menores foráneos actualmente acogidos y también la sociedad canaria, que asume en solitario, con madurez, un drama humanitario en nuestras costas.
En los días que vienen habrá que sacar conclusiones sobre las acciones, ya no sobre las palabras, de los dos grandes partidos españoles. El PSOE y el PP se han atrincherado en posiciones de argumentario y muestran un escaso interés por entender la gravedad de la situación, que ha sido reconocida en visita reciente por el vicepresidente saliente de la Comisión Europea. Pero no basta con atribuir al Gobierno la inexistencia de una política migratoria integral, aunque sea cierto en parte. Tampoco con denunciar que el partido con mayor representación en el Congreso y el Senado rechace la reforma de la Ley de Extranjería que haría viable la acogida de menores por los gobiernos autonómicos, aunque la votación de julio pasado fuera sin duda una decepción. Esta es la clase de política de trincheras que ha enrarecido y en ocasiones paralizado la política española durante los últimos años. En este caso, no nos lo podemos permitir.
Hay demasiadas cosas en juego, empezando por los derechos elementales de unos menores de edad protegidos por la legislación española e internacional. También nos preocupa la sostenibilidad de un sistema de acogida, el de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha llegado al límite de su capacidad de respuesta, y no por falta de empeño ni de recursos presupuestarios aplicados a una necesidad sobrevenida. El Gobierno autonómico, y la sociedad de las Islas en su conjunto, en este grave asunto han dado la talla. Eso es constatable, con números y también con hechos, y por eso ha llegado el momento de que los grandes partidos políticos españoles respondan también con hechos, dejando atrás, al menos en este asunto, su contienda cotidiana, marcada por la descalificación recíproca.
A estas alturas, en la, insisto, hora de la verdad de la crisis migratoria en Canarias, hay un par de cosas que debemos tener claras. Creo que todos tenemos claro que el actual clima de reproche y desencuentro no nos lleva a ninguna parte. Desde luego es negativo en el terreno institucional y sobre todo lo es en el terreno práctico, pues nos guste o no Canarias afronta un drama humanitario que tiene en la acogida de los menores inmigrantes una de sus vertientes más complejas. Parece claro que hemos entrado en una espiral en la que es más importante la búsqueda de culpables que el hallazgo de las soluciones. De ese camino no puede salir nada bueno.
Por eso mismo hay que preguntarle al Gobierno central en qué medida se ha planteado la posibilidad de obtener la acogida corresponsable de menores inmigrantes llegados a las Islas en todo el territorio del Estado, incluso sin proceder a la reforma legal que, en eso estamos de acuerdo, es la herramienta idónea para convertir este drama en un asunto gestionable. Queremos saber, y así lo hemos preguntado en el pleno del Senado, qué cauces ha estudiado el Ministerio de Infancia u otros departamentos para evitar una situación que tiene a los servicios de la Comunidad Autónoma en situación de colapso. No aceptamos el conformismo de los reproches.
El ministro de Política Territorial señaló hace unos días que el Gobierno central está trabajando en una estrategia integral para abordar la situación de los menores inmigrantes llegados al Archipiélago. Del mismo modo, la ministra de Juventud e Infancia declaró en la ciudad de Ceuta que el Ejecutivo estatal podría encontrar el modo de asumir la tutela de un porcentaje de dichos menores, para aliviar la situación que viven tanto dicha ciudad autónoma como la Comunidad de Canarias. Aun así, parece evidente que lo mejor es avanzar en una solución consensuada.
Desde ASG no queremos contribuir al ruido, sino, en la medida de nuestras modestas posibilidades, buscamos aclarar el panorama. Por eso queremos saber qué compromiso explícito y preciso ofrecen el Gobierno central y el Partido Popular ante los puntos más relevantes que podrían hacer viable un acuerdo. Nos referimos a la garantía sobre la financiación estatal para la acogida de menores por las comunidades autónomas y el establecimiento de unos criterios para el reparto en forma de cupos u otra medida análoga. Porque si conseguimos aclarar estos aspectos estaremos más cerca de un acuerdo. También nos gustaría saber si el Gobierno está dispuesto a declarar la emergencia migratoria en todo el Estado, como medida capaz de agilizar procedimientos en las administraciones públicas, y si aceptaría trasladar todos estos acuerdos a una reunión conjunta con los ejecutivos autonómicos, bien sea la Conferencia de Presidentes u otro que se decida, como por ejemplo la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. En resumen, pedimos claridad y pasos hacia el acuerdo. Y se lo pedimos antes de que sea demasiado tarde y todos lo tengamos que lamentar.
*Fabián Chinea, senador por la isla de La Gomera
