El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha demandado al Gobierno de Canarias más recursos para preservar nuestros espacios naturales protegidos. En concreto, pidió al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, más agentes de protección, pues “Canarias es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de suelo protegido, pero menor número de agentes. De hecho –sostuvo–, está por debajo de la media, lo cual dificulta su actuación”.
Detalló que “el 40% de nuestro territorio son espacios naturales protegidos, unas 300.000 hectáreas, superficie bastante amplia para ser cubierta por tan pocos agentes”. Además, se refirió a la suma de expedientes abiertos por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), que ha crecido de forma notable. Según dijo, “desde el año 2020 hasta ahora superan los 3.700, lo que indica la gran cantidad de sanciones que deberían aplicarse de confirmarse las infracciones”.
Jesús Ramos propuso “analizar si las medidas implementadas actualmente están surtiendo el efecto pretendido y, sobre todo, identificar las zonas más afectadas”. En este sentido, destacó “el gran trabajo que está realizando la empresa pública Cartográfica de Canarias (Grafcan) con sus drones y el mapeado de los espacios naturales protegidos”.
Mencionó que, entre las conclusiones de la comisión de estudio sobre el Reto Demográfico y el Equilibrio Poblacional en Canarias que se desarrolla en el Parlamento, se encuentra “la falta de control urbanístico, que muchas veces está ocasionado por la carencia de medios para su control y evitar la ocupación del suelo independientemente de cuál sea su protección”.
En su opinión, es necesario también “actualizar los planeamientos municipales, ya que, desde que se aprobó en el año 2017 la Ley del Suelo, solo se ha aprobado un plan general, pese a la importancia de disponer de ese planeamiento, al igual que los planes rectores de uso y gestión”.
Recalcó que “es fundamental la cooperación y coordinación del Gobierno de Canarias con los cabildos insulares”. Señaló que ASG incluyó una enmienda dentro de la Ley del Cambio Climático, en la que se establecía que, cuando las corporaciones insulares no eran capaces o no podían aprobar los planeamientos, el Ejecutivo canario asumiera de forma momentánea la competencia, para que pudiera sacar adelante el planeamiento, y después la devolviera.
